La ONU denunció una “purga” de abogados en Nicaragua y alertó sobre el deterioro de la independencia judicial

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por Naciones Unidas, denunció una nueva ofensiva contra el ejercicio de la abogacía en el país centroamericano, luego de que numerosos abogados fueran eliminados del registro oficial de profesionales sin recibir una explicación ni una notificación previa.

Los expertos señalaron que existen “motivos razonables para considerar que el Gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, según expresó el presidente del grupo, Jan-Michael Simon.

La denuncia surge después de que profesionales del derecho reportaran que sus nombres dejaron de aparecer en el registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. De acuerdo con los testimonios recopilados por el grupo, cerca de 2.000 abogados habrían sido excluidos en cuestión de días.

Los afectados indicaron que la pérdida de sus credenciales no estuvo acompañada de comunicaciones oficiales, procesos administrativos o resoluciones que explicaran los motivos de la medida. Muchos descubrieron la situación cuando intentaron ingresar a tribunales, presentar documentos legales o consultar sus datos en la plataforma digital del máximo órgano judicial.

“Se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, afirmó Simon.

El grupo de expertos advirtió que la eliminación masiva de abogados representa una nueva fase dentro de la intervención sobre las instituciones judiciales del país.

“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero eliminar una parte importante de la profesión jurídica constituye una nueva escalada”, agregó el presidente del organismo.

Los especialistas recordaron que las restricciones contra abogados no comenzaron con esta medida. Según sus registros, desde 2023 las autoridades nicaragüenses ya habían suspendido de forma permanente a algunos profesionales y habían impedido la renovación de autorizaciones notariales obligatorias para continuar ejerciendo determinadas funciones.

La ONU vinculó esta situación con una serie de cambios aplicados al sistema judicial desde octubre de 2023, cuando la Policía Nacional asumió el control de la Corte Suprema de Justicia y se produjeron salidas de altos funcionarios. El grupo indicó que ocho magistrados dejaron sus cargos, mientras que más de 1.000 empleados judiciales fueron apartados.

Los expertos también señalaron que las reformas constitucionales aprobadas en 2025 modificaron el rol del Poder Judicial, que dejó de ser considerado un poder independiente del Estado y pasó a ser definido como un “órgano” coordinado por la Presidencia.

En ese contexto, Reed Brody, integrante del grupo de expertos, calificó la situación como una “depuración silenciosa” de la profesión jurídica y sostuvo que afecta la capacidad de los ciudadanos para acceder a una defensa legal.

“Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente”, afirmó Brody. “En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar”.

El organismo internacional indicó que entre las personas afectadas figuran abogados en el exilio, antiguos funcionarios judiciales, exintegrantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y profesionales sin una identificación política conocida.

Ariela Peralta, también integrante del grupo, señaló que los abogados nicaragüenses han enfrentado presiones desde las protestas antigubernamentales de 2018, incluyendo amenazas, hostigamientos, detenciones y desplazamiento fuera del país.

Los expertos advirtieron que impedir que abogados y notarios aparezcan en los registros oficiales puede tener consecuencias directas sobre el acceso a la justicia, al limitar la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con representación legal ante los tribunales.