
La desinformación, la soberanía y las instituciones democráticas definieron, para Mauro Vieira, el núcleo de una amenaza que Brasil ya enfrentaba en su política interna y ahora también en su frente exterior. En una columna publicada en Correio Braziliense, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “el mundo cambió, cambió para peor en las redes y en las relaciones internacionales”, y advirtió que ante ese deterioro “no se puede ser ingenuo ni actuar únicamente con métricas y patrones del pasado”.
Vieira planteó que la llamada era de la posverdad no había quedado atrás. La presentó como un fenómeno vigente, alimentado por la desinformación masiva y por el uso de algoritmos y redes sociales como armas al servicio del extremismo político.
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Sobre ese diagnóstico apoyó una tesis más amplia: Brasil atravesaba una etapa de agresiones inéditas por parte de gobiernos extranjeros, y esa presión exigía respuestas firmes del Estado en defensa de la soberanía nacional y del régimen democrático.
Para Vieira, la posverdad sigue moldeando la política
El canciller brasileño afirmó que la posverdad no era “una página pasada de la historia”. Ubicó ese problema en el cruce entre manipulación informativa, plataformas digitales y extremismo, con impacto sobre los regímenes democráticos y sobre el ejercicio de la política tanto dentro de los países como en el plano internacional.
Vieira citó al escritor Giuliano da Empoli como uno de los observadores más atentos de ese proceso. Mencionó sus libros Los ingenieros del caos y La hora de los depredadores para enmarcar un tiempo político en el que la distorsión deliberada de la verdad ya no era un fenómeno marginal, sino una herramienta de poder.
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El ministro sostuvo que los ataques recientes de gobernantes circunstanciales de países amigos contra instituciones brasileñas mostraban la dimensión del desafío. Sin nombrarlo en su columna de opinión, Vieira se refería a Javier Milei, presidente de la Argentina. No limitó esas agresiones a la Presidencia de la República o al Poder Ejecutivo, sino que incluyó también al Poder Judicial.

Definió esas conductas como groseras, sin precedentes y dirigidas de forma frontal contra la soberanía de Brasil y contra su régimen democrático. Para Vieira, esa clase de comportamiento respondía a una lógica de “ley de la selva” y de subordinación que algunos intentaban volver a imponer en el escenario internacional.
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El canciller insistió en que el término “sin precedentes” debía entenderse de manera literal. A su juicio, leer las agresiones actuales con las mismas escalas del pasado implicaba un error en la defensa del interés nacional.
Vieira vinculó el prestigio acumulado por la diplomacia brasileña, dentro y fuera del país, con su capacidad de leer con lucidez las señales de la sociedad y del mundo. Bajo esa lógica, afirmó que el momento actual traía señales de ataques virulentos e inauditos.
Agregó que en algunos casos esas ofensivas habían sido instigadas por brasileños que conspiraban abiertamente contra el interés nacional. Desde esa premisa, sostuvo que el principio de proporcionalidad, básico en las relaciones internacionales, exigía respuestas enérgicas del Estado brasileño. Fue por ello que el gobierno de Lula da Silva determinó el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires y rebajar las relaciones diplomáticas al mínimo.
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La reacción oficial, según su razonamiento, no debía entenderse como una sobreactuación, sino como una defensa necesaria de la soberanía nacional y de las instituciones del país ante una etapa de hostilidad externa agravada por la circulación de desinformación.
La responsabilidad por las agresiones
Vieira cuestionó lo que describió como un intento de invertir la carga de responsabilidad por los actos hostiles. Sostuvo que esa responsabilidad era “única y exclusiva” de los gobernantes y gobiernos extranjeros que los cometían.
“Percibo, en el debate de los últimos días, el intento de algunos de invertir la responsabilidad por los actos hostiles, que es única y exclusivamente responsabilidad de los gobernantes y gobiernos extranjeros que los practican, y de nadie más”, indicó el canciller de Lula da Silva.
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A partir de allí, enlazó esa polémica con la crisis política brasileña reciente. Afirmó que habían reaparecido los mismos actores políticos y sociales que fracasaron en la implementación de un golpe de Estado en Brasil y que luego también fracasaron al intentar maquillar o normalizar ese intento.
Según el ministro, esos sectores buscaban ahora atribuir al gobierno brasileño la culpa por las agresiones que recibía el país. También intentaban cuestionar la respuesta proporcional de Brasil tanto ante los ataques consumados como ante maniobras declaradas de injerencia externa.
Vieira afirmó que Brasil no provocó el llamado “tarifazo” ni las sanciones de 2025. Añadió que esas medidas tenían como objetivo declarado presionar al Poder Judicial brasileño.
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Sumó un segundo ejemplo: dijo que Brasil tampoco dio motivo para los insultos lanzados por el presidente de un país vecino (en referencia a Milei) durante un evento político-partidario reciente en territorio brasileño. Los presentó como dos de los casos más evidentes dentro de una secuencia más amplia de agresiones.
Para reforzar ese punto, evocó una intervención del expresidente José Sarney en el mismo diario. Rescató que Sarney, a quien vinculó con un legado de acercamiento con Argentina y de integración regional, definió los ataques recientes contra Brasil como “disparates” situados totalmente “fuera de los límites de la civilidad”.
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Vieira sostuvo que esa mirada tenía además valor histórico porque procedía de uno de los protagonistas de la construcción de la relación bilateral en 40 años de convivencia democrática. Ese patrimonio común, dijo, debía ser defendido en el momento actual.
El canciller sostuvo que quienes antes intentaron normalizar el golpe buscaban ahora desplazar el peso de los ataques hacia Brasil y hacia sus instituciones. Frente a eso, afirmó que volverían a fracasar.
Su argumento combinó una condena política y otra moral. Dijo que aun en la era de la desinformación y de la posverdad seguían vivas nociones elementales de buena educación y de distinción entre lo correcto y lo incorrecto.
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Desde esa base, enumeró como conductas condenables agredir, amenazar, insultar al anfitrión en su casa o en su país, y conspirar en el exterior contra la propia patria. “No se responsabiliza a la víctima por una agresión recibida”, afirmó Vieira. “La culpa siempre recae en el agresor”.
Vieira sostuvo que había actores que intentaban golpear a Brasil a través de autoridades extranjeras y después ocultar la mano. Rechazó que esa estrategia pudiera prosperar y afirmó que la sociedad brasileña conocía su historia y no renunciaría a conducir su propio destino.
El ministro afirmó que Brasil no sería gobernado “por control remoto desde una capital extranjera”. También sostuvo que el país contaba con instituciones democráticas fuertes para defender el interés nacional en tiempos de conflicto.
En ese marco, cerró con una definición sobre el papel del Itamaraty: no dejaría de reaccionar, siempre con profesionalismo, ante las maniobras de desinformación y ante las groserías de “candidatos a depredadores” y de sus apoyos locales.
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