Brooklyn Rivera Bryan bajo custodia en Nicaragua reabre las dudas sobre el trato a presos políticos desaparecidos

El fallecimiento bajo custodia de Brooklyn Rivera Bryan intensificó la preocupación internacional por el trato a los presos políticos en Nicaragua. Tras más de 900 días de desaparición forzada, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo atribuyó la muerte a enfermedades, sin asumir responsabilidad por las condiciones de detención, según analiza un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, Cetcam.

La familia de Rivera Bryan y varias personas de su círculo cercano intentaron reclamar el cuerpo, pero enfrentaron nuevas represalias. Seis de ellas permanecen desaparecidas tras ser detenidas, mientras el Gobierno prohibió el traslado del cuerpo a la Costa Caribe y el velorio tradicional.

Muertes bajo custodia y represión estatal

Según el documento Perspectivas 193, divulgado este mes de junio, la muerte de Rivera Bryan se inscribe en un patrón de violencia estatal consolidado desde el retorno de las protestas masivas en 2018.

El análisis del documento señala que organizaciones internacionales atribuyen más de 350 muertes a la represión estatal y a grupos paramilitares afines al Gobierno en los últimos años.

El informe además señala que opositores exiliados en Costa Rica han sido víctimas de atentados y asesinatos, mientras ONG de derechos humanos sostienen el carácter político de estos crímenes.

La política oficial durante la pandemia de COVID-19 también recibió críticas por la imposición de entierros acelerados y la alteración de actas de defunción para ocultar el impacto sanitario.

El informe también destaca que la situación carcelaria agrava el panorama. Nueve personas han muerto bajo custodia política, entre ellas Eddy Montes, Hugo Torres Jiménez y Humberto Ortega. Las organizaciones denuncian la negación deliberada de atención médica y la persistencia de condiciones inhumanas.

En Nicaragua hay 46 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De ese total, 43 son hombres y 13 son personas adultas mayores. Al menos nueve permanecen desaparecidas tras ser detenidas por motivos políticos, con temor de que sufran el mismo desenlace que Rivera Bryan.

Violencia contra líderes y comunidades indígenas

El hostigamiento a los pueblos indígenas se profundizó bajo el régimen. Además de Rivera Bryan, otros líderes como Steadman Fagoth fueron capturados y mantenidos en desaparición forzada, aunque denuncias y presión internacional permitieron una visita familiar reciente. Nancy Henríquez, diputada suplente de Rivera, permanece bajo arresto domiciliario desde 2023.

Ocho guardabosques de la comunidad mayagna también fueron víctimas de desaparición forzada entre 2021 y 2023. A eso se suman la criminalización de defensores de tierras y líderes comunitarios, el despojo territorial, los desplazamientos forzados y la imposición de concesiones mineras, en especial a empresas extranjeras.

La militarización de la región tras la muerte de Rivera Bryan impide el duelo colectivo y aumenta los controles sobre la vida cotidiana de los habitantes. Las restricciones sobre los rituales funerarios y la vigilancia reforzada también limitan la capacidad de las comunidades para organizarse y proteger sus derechos.

La reactivación del SICA

En el ámbito regional, la parálisis que afectó al Sistema de Integración Centroamericana durante más de tres años terminó en mayo, tras la modificación de la norma de elección que exigía unanimidad.

De acuerdo al documento del Cetcam, El principal obstáculo había sido la imposición de candidatos afines al régimen nicaragüense, una situación que se destrabó al permitir la elección por mayoría calificada.

La diplomática costarricense Lina Ajoy Rojas fue seleccionada como nueva secretaria general del organismo. Entre los desafíos pendientes figuran la crisis política de Nicaragua y la respuesta regional a las desigualdades y tensiones geopolíticas con Estados Unidos y la Unión Europea.