
Luego del atentado con explosivos en las instalaciones policiales en Cúcuta (Norte de Santander) dejara 14 personas, entre ellas 11 miembros de la Policía Metropolitana y tres civiles, resultaron heridas.
El ataque, atribuido a cabecillas del ELN, desató una respuesta inmediata de las autoridades nacionales y locales. El hecho ocurrió mientras la ciudad celebraba actividades festivas, lo que aumentó la preocupación por el impacto del atentado en la vida cotidiana de los habitantes.
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Según el balance oficial, las investigaciones apuntan a alias David y alias Nay, señalados como responsables de ordenar el atentado y con amplia injerencia en la región del Catatumbo.
El Gobierno nacional y los líderes departamentales encabezaron un consejo extraordinario de seguridad tras la explosión. La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, lideró la reunión junto al comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y el alcalde de la ciudad, Jorge Acevedo.

Las autoridades ofrecen recompensas que alcanzan los 800 millones de pesos por alias David y 150 millones de pesos por alias Nay, como incentivo para quienes brinden información que conduzca a su captura, según información del ministro Pedro Sánchez. A estos montos se suman otras recompensas para los autores materiales del atentado y otros cabecillas del grupo armado.
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El Ministerio de Defensa expuso que, según las primeras indagaciones de la Fuerza Pública, “las primeras investigaciones de nuestra Fuerza Pública señalan a alias David y a alias Nay o ‘Nike’, integrantes del cartel narcoterrorista del ELN, como presuntos responsables de ordenar estos ataques contra la población y la Fuerza Pública”.
La investigación militar sostiene que ambos cabecillas dirigen facciones del ELN en Cúcuta y en todo el departamento de Norte de Santander, influyendo de manera directa en la crisis de seguridad y la confrontación con disidencias de las Farc por el control del territorio.
Las autoridades afirman que alias David y alias Nay están implicados en delitos como homicidio, extorsión, secuestro y terrorismo, y que su captura es prioritaria para restablecer el orden en la región. Además de los montos ya mencionados, se ofrece hasta 350 millones de pesos por información sobre los responsables de abandonar el vehículo cargado con explosivos en la escena del ataque.
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El Ministerio de Defensa insistió en que “la Fuerza Pública no descansará hasta encontrarlos y capturarlos para que respondan ante la justicia. No habrá rincón del territorio donde puedan esconderse. Cada vez tendrán menos lugares donde ocultarse y más ciudadanos dispuestos a colaborar con las autoridades”.
Reacciones del gobierno y la Fuerza Pública
El comando conjunto del Ejército y la Policía en Cúcuta activó nuevas estrategias de reacción tras el atentado, sumando refuerzos y tecnología a la vigilancia en la ciudad y su periferia.
El general Hugo López Barreto confirmó el despliegue de siete pelotones adicionales, cerca de 250 soldados, drones y recursos de inteligencia, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana aportará asistencia aérea para detectar amenazas.
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Las autoridades pusieron en marcha un Plan Integrado de Seguridad y Vigilancia y establecieron un Puesto de Mando Unificado de carácter permanente. Este centro analizará a diario los reportes de inteligencia y las alertas ciudadanas, ajustando las operaciones en función de la información más reciente. El objetivo es blindar la zona y anticipar cualquier nuevo intento de ataque.
El atentado ocurrió a las 3:20 a. m., cuando un camión cargado con explosivos fue abandonado frente al comando de la Policía Metropolitana. El hecho, descrito por el general William Rincón, involucró la utilización de un vehículo tipo NPR modificado para lanzar cargas explosivas hacia el edificio policial. El oficial detalló que el camión tenía placas falsas y un sistema mecánico sobre rieles que permitía retirar la carpa y disparar los artefactos.
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Según la información oficial, el vehículo estaba equipado con un sistema de activación electrónica por radiofrecuencia y transportaba entre 15 y 20 kilogramos de amonal. Los responsables intentaron ocultar los explosivos bajo zanahorias y papas, simulando un cargamento de productos de mercado para no levantar sospechas. Además, dejaron una última carga para destruir posibles pruebas.
El ataque fue perpetrado a escasos metros de la unidad médica de la Policía. Según el general Rincón, esto representa una violación al Derecho Internacional Humanitario, ya que la instalación cuenta con protección especial.
El atentado contra el comando de Policía de Cúcuta consistió en la detonación de un vehículo modificado con explosivos, lo que provocó la activación inmediata de planes de refuerzo en la seguridad local. Las autoridades respondieron desplegando tropas adicionales, aumentando la vigilancia aérea y estableciendo un centro permanente de seguimiento para prevenir nuevos ataques y proteger puntos sensibles en la ciudad.
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