Un exdirectivo reveló la presunta ruta del combustible subsidiado vinculada al Alcalde de Guayaquil

La declaración de un exdirectivo financiero de empresas vinculadas a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, marcó una nueva jornada del juicio por el denominado caso Triple A, una investigación sobre la presunta comercialización irregular de combustibles subsidiados que involucra a empresarios, exfuncionarios y varias compañías del sector hidrocarburífero.

El testimonio fue incorporado como prueba anticipada dentro del proceso que se desarrolla en Quito y que busca determinar la existencia de una supuesta estructura dedicada al desvío de combustibles destinados a segmentos específicos del mercado.

José Ricardo Cevallos Avellán, quien trabajó como gerente financiero de empresas relacionadas con el grupo empresarial investigado, compareció ante el tribunal y relató una serie de hechos que, según la Fiscalía General del Estado, permitirían reconstruir el funcionamiento de la operación investigada. Cevallos se acogió al mecanismo de cooperación eficaz y su versión es considerada una de las principales evidencias presentadas por el Ministerio Público.

Durante su intervención, el exejecutivo explicó que al asumir responsabilidades financieras dentro de las compañías comenzó a revisar balances, reportes de ventas y estados de resultados. Según narró, encontró niveles de rentabilidad que llamaron su atención debido a que superaban ampliamente los márgenes habituales del sector. Al consultar sobre el origen de esas ganancias, aseguró haber recibido explicaciones relacionadas con un mecanismo que, de acuerdo con su testimonio, permitía obtener beneficios mediante la compra de combustible subsidiado y su posterior comercialización en mercados que no estaban autorizados para acceder a ese beneficio estatal.

El cooperador eficaz sostuvo que varias de las empresas investigadas adquirían diésel subsidiado destinado al segmento naviero nacional y posteriormente lo vendían a embarcaciones internacionales que operaban en aguas ecuatorianas. De acuerdo con su versión, esas transacciones permitían comercializar el producto a precios de mercado mientras el combustible había sido adquirido con subsidios financiados por el Estado.

Cevallos afirmó además que las operaciones eran conocidas dentro de las compañías y que los resultados financieros eran revisados periódicamente por los principales directivos. Según indicó, existían reuniones en las que se analizaban reportes detallados sobre ingresos, utilidades y comportamiento de los negocios. En esos encuentros, señaló, se presentaban cifras relacionadas con las ventas de combustible y la rentabilidad obtenida por las empresas involucradas.

La Fiscalía sostiene que el presunto esquema no se limitaba únicamente al segmento naviero. De acuerdo con la acusación fiscal, la red investigada habría utilizado varias compañías para movilizar combustibles entre distintos segmentos de comercialización, incluyendo el automotriz, industrial y marítimo, aprovechando diferencias de precios derivadas de los subsidios estatales. Los investigadores consideran que estas operaciones permitieron obtener beneficios económicos mediante el uso indebido de combustibles que tenían un destino específico regulado por las autoridades.

Entre las empresas mencionadas dentro del proceso constan firmas dedicadas a la distribución y comercialización de derivados de hidrocarburos. Los informes incorporados por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos señalan que millones de galones de combustible habrían sido entregados a embarcaciones que no cumplían con los requisitos para recibir producto subsidiado. Parte de la investigación se centra en determinar el volumen exacto de combustible involucrado y el eventual perjuicio económico ocasionado al Estado.

La comparecencia del exgerente financiero se desarrolló en medio de los interrogatorios de la Fiscalía, las defensas y los representantes de las empresas procesadas. Durante varias horas, el testigo respondió preguntas sobre la estructura corporativa de las compañías, los mecanismos de compra y venta de combustibles y las relaciones entre los distintos actores involucrados en la investigación.

Por su parte, Aquiles Álvarez y los demás procesados han rechazado las acusaciones formuladas por la Fiscalía. La defensa del alcalde de Guayaquil ha sostenido que las actividades empresariales se realizaron dentro del marco legal y ha cuestionado la validez de algunos elementos probatorios presentados durante el proceso. Los abogados también han señalado que las conclusiones de los investigadores no demuestran la existencia de una estructura criminal ni la comisión de delitos relacionados con la comercialización de combustibles.