Crisis en Bolivia: nuevos choques en La Paz mientras el Presidente contempla militarizar las protestas

Las calles del centro de La Paz volvieron a convertirse en un campo de batalla. Los manifestantes, llegados desde El Alto tras una marcha de 15 kilómetros, levantaron barricadas con contenedores y desperdicios en llamas cerca del Palacio de Gobierno. La policía respondió con gases lacrimógenos; los movilizados, con piedras y cartuchos de dinamita de bajo poder. Al menos cinco personas fueron detenidas, según constató la AFP. La jornada exhibió la composición heterogénea del movimiento: mineros de Oruro con casco y poncho, campesinos, maestros y transportistas, todos bajo una sola consigna. “¿Qué queremos? ¡Renuncia!”, coreaban entre banderas indígenas y el estallido de petardos.

El detonante fue la Ley 1720, promulgada el 8 de abril, que permitía reconvertir pequeñas propiedades rurales en medianas propiedades, modificando el régimen agrario consagrado en la Constitución boliviana. Organizaciones indígenas del Beni y Pando la rechazaron por considerarla favorable a la agroindustria de Santa Cruz e iniciaron ese mismo día una marcha hacia La Paz. El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido. Aunque la Asamblea derogó la norma ante la presión callejera, las protestas no se detuvieron: la chispa había prendido sobre una economía en llamas.

Bolivia atraviesa la peor crisis económica en cuatro décadas. La inflación supera el 20% anual. La eliminación de la subvención a los combustibles provocó además un colapso en la calidad de la gasolina. Para 2025, Bolivia importaba ya el 80% del diésel que consume. La confluencia de estos factores transformó reclamos sectoriales dispersos en una insurrección que se extendió a seis de los nueve departamentos del país.

Ante la extensión de los bloqueos, Paz promulgó el lunes 8 de junio la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que habilita operativos conjuntos entre el Ejército y la Policía para despejar los más de 90 cortes de ruta que asfixian el abastecimiento nacional. La norma fue aprobada en el Congreso tras una sesión de más de diez horas. Su artículo más controvertido presume la legalidad de las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante el estado de excepción, lo que organismos de derechos humanos consideran una cobertura jurídica para la represión.

En La Paz y El Alto, los bloqueos ya son palpables: precios de carnes y verduras duplicados, conductores que pasan la noche en fila en gasolineras y hospitales sin oxígeno para cirugías. El gobierno cifra el daño económico acumulado en más de 1.200 millones de dólares.

Paz acusó a “narcoterroristas” de impulsar las protestas y señaló al ex presidente Evo Morales, quien permanece en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, protegido por una guardia campesina, mientras enfrenta una orden de captura por presunta trata de personas que rechaza. “Si es machito, que venga a hablar de temas sociales. ¡Que venga!”, respondió Morales este miércoles ante sus seguidores. Los principales sindicatos han rechazado el diálogo, y un cabildo en El Alto el 5 de junio dio a Paz 48 horas para renunciar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos alertó el 2 de junio sobre los graves impactos humanitarios de la crisis. Al menos siete personas han muerto y más de 120 han sido detenidas desde el inicio de las movilizaciones. La amenaza de militarizar el conflicto puede despejar carreteras a corto plazo, pero difícilmente resolverá las causas estructurales —inflación, escasez de divisas, desindustrialización energética— que han llevado a Bolivia al borde del abismo.