El Congreso de Brasil avanza en la rebaja de la edad penal en plena campaña electoral

El debate sobre la seguridad ciudadana y el punitivismo ha vuelto a fracturar el escenario político de Brasil. Una comisión clave de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles dar inicio a la tramitación de una enmienda constitucional que busca reducir la edad mínima de imputación penal de los 18 a los 16 años en casos de crímenes graves. La propuesta, largamente impulsada por los sectores más conservadores del país, progresa a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales de octubre, espoleada por la bancada aliada al candidato derechista Flávio Bolsonaro y en abierta confrontación con la agenda del Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El avance de la iniciativa legislativa se materializó en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), donde cosechó 44 votos a favor y 18 en contra. Se trata del primer filtro de un complejo recorrido parlamentario en un Congreso de mayoría conservadora, donde la propuesta requerirá aún el examen de una comisión especial y el respaldo de una mayoría cualificada de dos tercios en los plenos de la Cámara y del Senado para consolidarse como reforma constitucional. El impulso responde de forma directa a la principal preocupación manifestada por el electorado brasileño en las encuestas: la crisis de inseguridad pública y la violencia urbana.

La oposición izquierdista y las fuerzas aliadas al palacio de Planalto impugnan la viabilidad y el fondo de la reforma, a la que tildan de estratagema electoralista. La diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), denunció con vehemencia la iniciativa en el seno de la comisión, al calificarla de “falacia” que ofrece “una solución falsa” nacida del “discurso fácil de los períodos electorales”. Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Derechos Humanos se alineó con esta postura al asegurar mediante un comunicado que la medida resulta “ineficaz para enfrentar la violencia” y vulnera los tratados y estándares internacionales suscritos por el país.

Frente a los reparos del oficialismo, el bloque bolsonarista y las facciones de centro y derecha defienden que la legislación actual ampara la impunidad de los menores y estimula su instrumentalización por parte del crimen organizado. El diputado Domingos Sávio justificó el sentido del voto mayoritario argumentando que “millones de brasileños no aceptan que alguien que puede votar viole y cometa crímenes bárbaros”. En la misma línea se pronunció el parlamentario Jonildo de José Assis, quien apeló al impacto emocional de las familias damnificadas y cuestionó la racionalidad de proteger penalmente a agresores de 16 o 17 años frente al desamparo judicial que sufren los familiares de las víctimas de homicidio.

El trasfondo de esta reforma constitucional se remonta a las persistentes tensiones estructurales del sistema judicial brasileño, diseñado bajo la Constitución de 1988. Hasta el momento, el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) estipula que los jóvenes de entre 16 y 18 años que incurren en delitos de extrema gravedad deba cumplir medidas socioeducativas en un régimen especial de internamiento con un límite estricto de tres años. Los sectores de la denominada bancada de la bala han intentado modificar este marco normativo de manera recurrente, bajo la premisa de que el auge de las facciones criminales en las periferias urbanas requiere un endurecimiento severo de las penas estatales.

El encaje legal de la enmienda genera honda controversia entre los juristas. El penalista Acácio Miranda advirtió de que la reforma “sería inconstitucional” al colisionar de forma directa con las denominadas “cláusulas pétreas” de la Carta Magna, aquellos principios y derechos fundamentales que el legislador constituyente blindó para evitar que fuesen suprimidos o modificados mediante enmiendas parlamentarias. Paralelamente, operadores del derecho advierten sobre el colapso logístico que implicaría esta medida: la fiscal del estado de Paraná, Danielle Tuoto, señaló que el sistema penitenciario carece de plazas libres para albergar a esta nueva masa de reclusos en prisiones de adultos, lo que paradójicamente podría empujar a los jueces a dictar órdenes de libertad anticipada.

La discusión legislativa adquiere un relieve marcadamente estratégico en la pugna por la presidencia de la República, donde Lula da Silva lidera los sondeos de intención de voto frente a Flávio Bolsonaro. El senador e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro ha hecho de la “mano dura” el eje articulador de su campaña y celebró recientemente la decisión del Gobierno de Estados Unidos de clasificar como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), los principales carteles del narcotráfico del país. Mientras el candidato conservador pregona que “se acabó la tolerancia con el bandido que usa la edad cronológica”, el presidente Lula prefiere insistir en que el abordaje de la delincuencia juvenil exige inversión social y escolarización, desmarcando a su administración de toda iniciativa de corte punitivista.