Conflictos en Bolivia: 47 puntos de bloqueo y la protesta se extiende a seis de nueve departamentos

A dos semanas de iniciados los bloqueos en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la protesta se extiende territorialmente: este miércoles, el país amaneció con 47 piquetes en seis regiones. Según reportes de medios locales, los bloqueos se concentran en los departamentos de La Paz y Oruro —donde inició esta medida de presión—, pero también hay nuevos puntos en Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

Las manifestaciones exigen la renuncia del presidente Paz, tras una acumulación de reclamos sectoriales, entre ellos de incremento salarial, de mejoras en la calidad del combustible, y contra una ley de tierras que permitía modificar la categorización de las propiedades agrarias. Pese a que el Gobierno logró desactivar algunos focos de conflicto y negociar acuerdos con ciertos sectores, la protesta se mantiene y los pedidos (y las formas) se radicalizan.

El lunes fue la jornada de mayor violencia en La Paz con la confluencia de tres marchas que se enfrentaron con la Policía; los medios bolivianos reportaron ataques a oficinas públicas y a una estación del teleférico, además del uso de material explosivo, la quema de un vehículo policial y agresiones físicas a ciudadanos que no tenían nada que ver con el conflicto.

“Hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, manifestó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, en una entrevista con radio El Deber. “No vamos a permitir que la violencia se disfrace de demanda social”, agregó.

La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por los bloqueos, están prácticamente cercadas y con escasez de algunos alimentos de la canasta básica. También hay interrupciones en el servicio del transporte público, oficinas cerradas y algunos colegios han decidido pasar a modalidad virtual hasta que se recupere la normalidad.

La Policía boliviana anunció que este miércoles se habilitará un “corredor humanitario” para permitir el paso de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos a La Paz.

En declaraciones anteriores, algunas autoridades acusaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas con el objetivo de “romper el orden constitucional” y señalaron que las movilizaciones son financiadas por el narcotráfico. “Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar (…) Nuestra lucha es contra esos poderes, que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza”, manifestó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una conferencia de prensa.

El evismo es uno de los diez frentes de protesta contra el Gobierno. Los seguidores del expresidente realizaron una marcha de 190 kilómetros a la sede de Gobierno para exigir la renuncia del presidente y en rechazo a sus políticas de gestión. “No hay ‘planes macabros’. Hay un país cansado de que le mientan. El gobierno protege a empresarios, banqueros y agroindustriales mientras la gente vuelve a hacer filas, endeudarse y aguantar hambre. Ningún discurso va a borrar esa realidad”, escribió Morales en X.

Para algunos analistas, el “común denominador” de las protestas sectoriales es el reclamo de los campesinos y las clases trabajadoras de sentirse excluidos del Gobierno. “Si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el gobierno no va a poder resistir. El reclamo de fondo es: nos tienen que tomar en cuenta”, señala el analista político Pablo Deheza.

A pesar de la masificación de los bloqueos, el Gobierno ha señalado en las últimas horas que está realizando negociaciones a puertas cerradas para desactivar los conflictos. “Lo estamos haciendo (el diálogo) con la discreción que corresponde hasta llegar a una solución. Les puedo asegurar, y con eso dar tranquilidad a la población, que estamos trabajando las 24 horas del día con todos estos sectores”, aseguró el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en una entrevista con la Radio Activa.

Desde el inicio del conflicto, varios países han expresado su preocupación por la situación en Bolivia. En un comunicado conjunto, ocho países latinoamericanos -Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú- rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno boliviano.

También hubo pronunciamientos de la Casa Blanca, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, de la Unión Europea y de figuras del ámbito político, como el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y más de 30 expresidentes de América y España que conforman el Grupo Idea.

En ese marco, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente este miércoles para evaluar la crítica “situación política interna” de Bolivia.