Ecuador presentó recursos ante la CAN para frenar resoluciones sobre aranceles a Colombia

Ecuador presentó recursos legales ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para intentar revertir dos resoluciones emitidas por la Secretaría General del organismo regional dentro del conflicto comercial que mantiene con Colombia, una disputa que desde inicios de 2026 ha escalado desde el ámbito económico hacia el terreno diplomático y político.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que el 20 de mayo el Estado ecuatoriano interpuso dos recursos de reconsideración relacionados con las decisiones adoptadas por la Secretaría General de la CAN sobre el paso fronterizo de Rumichaca y la tasa por control aduanero aplicada a productos colombianos.

La Cancillería señaló que, junto con esos recursos, Ecuador solicitó la suspensión temporal de los efectos de las resoluciones mientras se revisa el fondo del proceso. En el documento oficial difundido por el Gobierno se sostiene que las decisiones emitidas por la Secretaría General contienen “vicios” y no se ajustan a los argumentos presentados por Quito dentro del litigio comunitario.

Las resoluciones cuestionadas fueron emitidas el pasado 7 de mayo, después de varios meses de tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia. En ellas, la Secretaría General de la CAN concluyó que determinadas medidas adoptadas por ambos países vulneran las normas de libre comercio vigentes dentro del bloque andino.

Uno de los puntos observados por la CAN fue la decisión ecuatoriana de restringir el ingreso terrestre de mercancías colombianas únicamente al puente internacional de Rumichaca, ubicado entre la provincia ecuatoriana de Carchi y el departamento colombiano de Nariño. El organismo también cuestionó la aplicación de la denominada tasa de seguridad o tasa de control aduanero impuesta por Ecuador a productos procedentes de Colombia.

El conflicto comenzó en enero de 2026, cuando el Gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de aranceles extraordinarios a bienes colombianos. Quito justificó la medida alegando razones de seguridad vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el accionar de grupos criminales en la frontera norte.

Inicialmente, Ecuador fijó un arancel del 30 %, pero posteriormente amplió y endureció las restricciones hasta alcanzar gravámenes de hasta el 100 % para determinados productos. Colombia respondió con medidas comerciales similares y elevó el caso ante la Comunidad Andina.

La controversia abrió un nuevo frente diplomático entre ambos gobiernos, que en los últimos meses también han mantenido diferencias públicas sobre cooperación en seguridad, control fronterizo y operaciones militares en zonas limítrofes.

En el documento difundido por la Cancillería ecuatoriana se recuerda que el recurso de reconsideración es el mecanismo previsto dentro de la normativa andina para solicitar la revisión de actos emitidos por la Secretaría General de la CAN.

El Gobierno ecuatoriano indicó además que la Secretaría General deberá resolver los recursos presentados dentro de un plazo de 30 días, aunque ese período puede extenderse por otros 15 días si el organismo considera necesaria una prórroga para analizar los planteamientos realizados por las partes.

La Cancillería añadió que, de acuerdo con la práctica normativa de la Comunidad Andina, los documentos procesales presentados por Ecuador permanecerán reservados entre las partes hasta que la Secretaría General emita una decisión sobre la reconsideración solicitada.

Mientras el proceso avanza en el ámbito comunitario, sectores empresariales y comerciales de ambos países han advertido sobre el impacto de las restricciones en el intercambio bilateral. Gremios de transporte, importadores y exportadores han reportado retrasos logísticos, reducción del flujo comercial y afectaciones económicas en ciudades fronterizas.

Las medidas también han generado preocupación entre empresarios que históricamente han dependido del comercio entre Ecuador y Colombia, uno de los principales socios comerciales dentro de la región andina.

La Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Producción y la Cancillería ecuatoriana participan actualmente en la estrategia jurídica del caso, mientras el Gobierno mantiene vigentes las medidas comerciales adoptadas desde inicios de año.

La resolución que emita la Secretaría General de la CAN en las próximas semanas podría definir el siguiente paso del conflicto regional o abrir la puerta a una nueva fase de litigios ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.