El viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, William Cabrera, se reunieron este martes con agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington para fortalecer la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas.
Según informó el viceministro al canal Unitel, el tema central del encuentro fue “Sebastián Marset y la institución criminal que estaba detrás de él”.
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De igual forma, señaló que en el país hay otras operaciones de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho sobre las que se está trabajando. En ese marco, el viceministro señaló que se coordinarán acciones con Estados Unidos y otros países, como Perú y Brasil, para el intercambio de información y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado.

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados de la región y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares, fue capturado en Bolivia la madrugada del 13 de marzo.
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En un operativo policial realizado en la zona residencial de Las Palmas, en el centro de Santa Cruz de la Sierra, Marset fue detenido y trasladado al aeropuerto de Viru Viru, donde fue entregado a las autoridades de la DEA para su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero.
Tras la captura, las fuerzas policiales bolivianas realizaron múltiples operativos y allanamientos para desarticular la red criminal que lideraba el uruguayo. Según información oficial, se secuestraron al menos 16 avionetas y vehículos blindados, y se intervinieron aeródromos y viviendas en las que operaba su organización.

Sin embargo, estas acciones fueron cuestionadas por la presunta sustracción de objetos de valor —como dinero en efectivo y joyas—, por reportes tardíos sobre la existencia de cajas fuertes y por contradicciones sobre la cantidad de personas aprehendidas.
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó el 5 de mayo ante la Asamblea Legislativa que se había detenido a 55 personas, y tres días más tarde, el viceministro de Régimen del Interior, Hernán Paredes, señaló que eran 20.
Luego de la captura también se vivió una ola de violencia en Santa Cruz, donde se produjeron al menos seis asesinatos, algunos de los cuales estarían relacionados con la disputa por el control del territorio y la organización que lideraba Marset.
Entre las personas abatidas se encontraban personas con antecedentes criminales y algunos directamente vinculados con el uruguayo, como José Pedro R.V., quien presuntamente era piloto de la red, quien fue asesinado a tiros cuando se preparaba para participar en una competencia automovilística a pocos kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.
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Según la criminóloga y exdirectora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Gabriela Reyes, los asesinatos ocurridos en las últimas semanas son una “consecuencia de no desarticular la organización” del narco uruguayo y de no haber detenido a otros líderes de su red.
“Esto hace que haya una pugna por quién va a encabezar las actividades que Marset llevaba a cabo desde su liderazgo”, afirmó en entrevista con Infobae.
En lo inmediato, y más allá de los acuerdos de cooperación con la DEA y otras instancias, el Gobierno de Bolivia anunció la conformación de un grupo de élite con sede en Santa Cruz, enfocado en combatir el sicariato y la delincuencia organizada. Este grupo está compuesto por policías especializados en lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
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