El Congreso de Brasil vota si habilita la revisión de la condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de enero de 2023

El Congreso Nacional de Brasil se prepara para una votación crucial: este jueves, diputados y senadores decidirán si mantienen o anulan el veto presidencial al proyecto de ley que podría reducir la condena de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro.

El resultado de esta sesión abrirá la puerta a una posible revisión de penas no solo para Bolsonaro, sino también para otros condenados por el intento de golpe de Estado y los actos violento ocurridos en enero de 2023.

La condena original contra Bolsonaro, dictada por el Tribunal Supremo en septiembre, asciende a 27 años y 3 meses de prisión y se basa en su papel de liderazgo en ese hecho.

Tras pasar unos 120 días en prisión, Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde marzo debido a problemas de salud.

Según el Tribunal Supremo, la condena sentó un precedente en la respuesta institucional ante crímenes contra el Estado democrático. Meses después del fallo, partidos de derecha y de centro impulsaron un proyecto de ley para modificar tanto el cálculo como el cumplimiento de las penas, con el objetivo de reducir las condenas para varios implicados en los hechos de enero.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó en su totalidad esta propuesta el 8 de enero, al cumplirse tres años del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Argumentó que una reducción de las penas podría debilitar la democracia y significar un retroceso en el proceso de redemocratización, además de advertir sobre problemas formales en el trámite legislativo.

El Congreso tiene la facultad de anular el veto con mayoría simple en ambas cámaras. Si esto ocurre, el texto será promulgado sin necesidad de nueva sanción presidencial y las nuevas reglas entrarían en vigor, permitiendo a las defensas solicitar a la Justicia la aplicación de los cambios.

El proyecto, conocido como PL da Dosimetria, introduce varias alteraciones. Una de las principales es que, cuando un condenado lo sea por más de un delito contra la democracia en el mismo contexto, los jueces deberán aplicar únicamente la pena correspondiente al delito más grave, en lugar de sumar las condenas como ocurre actualmente.

Esta disposición podría disminuir considerablemente la cantidad de años que deben cumplir los implicados.

Otra novedad es la posibilidad de una reducción de pena si los crímenes se cometieron en medio de una multitud, siempre que el condenado no haya ejercido liderazgo, organización ni financiamiento de los hechos.

Las penas podrían reducirse entre un tercio y dos tercios para quienes participaron como parte de la masa, aunque la decisión final quedará a cargo de los jueces que analicen cada caso.

Bajo la ley actual, la transición de Bolsonaro al régimen semiabierto podría ocurrir en 2033, pero con la nueva norma, ese plazo se acortaría notablemente, dependiendo del análisis judicial.

Aunque la propuesta se centró en los condenados por los hechos del 8 de enero, especialistas advierten que la ley modificará reglas generales de la ejecución penal y podría beneficiar a personas condenadas por otros delitos graves, como feminicidios, crímenes organizados y delitos cometidos por milicias.

Este asunto podría llegar al Supremo Tribunal Federal, que tendría la última palabra sobre la constitucionalidad de la norma y sobre su aplicación en casos concretos.

(Con información de EFE)