Diputados del Frente Amplio (FA) exigieron a la Contraloría General de la República (CGR) que investigue la legalidad de una supuesta orden a sus abogados emanada desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de no apelar ni intervenir en causas de derechos humanos. Y aunque el ministro de dicha cartera, Fernando Rabat, negó dicha instrucción, un correo electrónico filtrado evidenciaría lo contrario.
“No ha habido una instrucción de este ministro (…) hay que atender el contenido de las sentencias judiciales”, aseguró Rabat el pasado miércoles.
Sin embargo, BioBíoChile tuvo a la vista un e-mail interno del Ministerio de Justicia en el que la directora del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, admite haber recibido algo más que una sugerencia al respecto.
“Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento. Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo”, consignó el medio citado.
Según el artículo, Garrido envió una minuta pidiendo a sus abogados se le informe sobre posibles alegatos, puesto que “por decisión de la autoridad, se ha definido no apelar o alegar, junto con la fundamentación correspondiente”.
“Entiendo que esta situación puede generar algunas dificultades”, remata el correo.
La acusación
La polémica estalló el miércoles, cuando Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, exjefas del Programa de Derechos Humanos, acusaron junto la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia que dicha cartera habría instruido limitar la intervención de los abogados del programa en causas relacionadas con delitos de lesa humanidad,
Tras las declaraciones de Rabat negando dicha orden y la filtración del correo electrónico, desde la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Derechos Humanos (ANFUDDHH) volvieron a la carga señalando mediante que “frente a la instrucción de no garantizar el cumplimiento efectivo de condenas, ANFUDDHH rechaza cualquier intervención que limite el mandato legal del Programa de Derechos Humanos de ejercer acciones en estas causas.”
“Los criminales de lesa humanidad deben cumplir sus condenas”, subrayaron mediante un comunicado.
“El actual gobierno ha entregado directrices y señales claras y concretas para operar bajo dos vías que buscan liberar a estos criminales, favoreciendo la impunidad”, recalcaron.
El oficio a Contraloría
Así las cosas, este jueves parlamentarios del Frente Amplio oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) para que investigue la legalidad de la presunta instrucción, tal como lo señaló la diputada Javiera Morales, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara:
“Es preocupante que este gobierno crea que el Ministerio de Justicia funciona como oficina de abogados para sus amigos en Punta Peuco (cárcel donde cumplen sus penas los militares condenados por su actuar represivo en tiempos de la dictadura de Pinochet).
“La cartera, por mandato legal, tiene la obligación de defender y garantizar los derechos humanos, no de defender a condenados por delitos de lesa humanidad. Aquí hay una clara ilegalidad, y por eso le pedimos a la Contraloría que se pronuncie al respecto”, agregó la legisladora.
De la misma opinión fue el diputado Roberto Celedón, quien sostuvo que “el gobierno erra cuando ordena a los abogados no ejercer los recursos judiciales que correspondan”.
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