La reciente admisión del Colegio Refous a un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 sigue generando dudas. Desde el 23 de febrero de 2026, la Superintendencia de Sociedades autorizó el inicio de un procedimiento que busca reestructurar sus finanzas y proteger a los acreedores, en medio de denuncias sobre presuntas inconsistencias en la gestión contable y financiera.
La imagen del colegio ha quedado en entredicho con una nueva denuncia realizada por acreedores que alertaron sobre movimientos irregulares, millonarias deudas y operaciones poco claras.
La situación financiera del Colegio Refous empezó a deteriorarse desde 2025, cuando la institución acumuló obligaciones vencidas por más de 90 días, hasta alcanzar una cifra de 29.897 millones de pesos, equivalente al 90% de su pasivo total.
Las dificultades no surgieron de manera imprevista. Los reportes muestran que entre 2022 y 2025 un patrimonio familiar otorgó créditos por más de 18.900 millones de pesos bajo la premisa de una información financiera que, según las denuncias, no reflejaba el verdadero estado contable del establecimiento.
Una de las irregularidades más relevantes identificadas por los acreedores se registró tras el fallecimiento del anterior gerente en junio de 2025. Desde ese momento, surgieron obligaciones por 4.730 millones de pesos, respaldadas en siete pagarés que no figuraban en los registros contables oficiales. La aparición de estos documentos generó inquietud, pues su existencia no había sido reportada en los balances previos, elevando la incertidumbre sobre el destino de los recursos y la integridad de la contabilidad institucional.
Otro aspecto clave del proceso ha sido la revisión de los activos declarados. Los informes periciales evidenciaron una presunta sobrevaloración en el rubro de propiedad, planta y equipo. Entre 2024 y 2025 se registró un salto en el valor de estos activos de más de 18.200 millones de pesos, sin que exista una justificación sustentada en adquisiciones, inversiones o mejoras de infraestructura.
Las inconsistencias también se han presentado en la información de bienes inmuebles. Un lote residencial ubicado en Chía y que fue registrado por 6.000 millones de pesos, aunque su avalúo comercial solo llegaría a 1.337 millones de pesos.
A esto se suma una anomalía en la ubicación consignada oficialmente: los documentos presentados ante la Supersociedades ubican el predio en el municipio de Cota, cuando en realidad corresponde a un terreno en Chía. Esta discrepancia ha sido señalada en la denuncia como una posible maniobra para modificar el inventario de activos y alterar la percepción sobre la solvencia patrimonial.
El examen de las cuentas por cobrar arrojó nuevos elementos para el debate. Se detectaron préstamos por 1.646 millones de pesos otorgados a personas vinculadas a la institución, entre quienes figuran miembros de la familia Jeangros y Alex Marina Silva Moreno, revisora fiscal del colegio.
Dentro de las operaciones bajo escrutinio, se identificaron transferencias por 2.971 millones de pesos a la empresa Windstarke S.A.S., presuntamente vinculada al fallecido representante legal y encargada de ejecutar obras civiles en la institución. Los acreedores han solicitado que se investigue la finalidad de estos giros y se determine si corresponden a contratos legítimos o forman parte de un esquema para desviar fondos.
Las acciones judiciales avanzan con la imposición de medidas cautelares sobre algunos activos y derechos del Colegio Refous, buscando proteger los intereses de los acreedores mientras se desarrollan las investigaciones.
Durante una de las diligencias, los herederos de la institución, conocidos como la familia Jeangros, manifestaron su oposición y sorpresa ante la rapidez del proceso y la determinación de los demandantes para agotar todas las vías legales. El análisis de los estados financieros revela un crecimiento llamativo en los ingresos del colegio: de 17.806 millones de pesos en 2021 a 28.278 millones de pesos en 2025.
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