El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó este jueves prisión preventiva para los ciudadanos bolivianos Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, acusados de los delitos de contrabando y daños calificados tras utilizar una retroexcavadora para tapar zanjas y habilitar pasos ilegales en la comuna fronteriza de Colchane (1.970 kms al norte de Santiago), Región de Tarapacá.
En la audiencia de formalización, Milton Torres, fiscal jefe del Tamarugal, detalló que los imputados fueron sorprendidos el pasado domingo 12 de abril rellenando la zanja construida por el Ejército en el sector de Pampa Tordo, a fin de ingresar la retroexcavadora al país vecino, en concomitancia con terceras personas aún no detenidas también de nacionalidad boliviana.
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Según el persecutor, dichos cómplices eran los encargados de entregarles por teléfono celular la ubicación del personal del Ejército. A pesar de ello, ambos fueron sorprendidos en un patrullaje y aunque intentaron darse a la fuga, fueron rápidamente capturados y puestos a disposición del tribunal.
Pérdidas económicas
Asimismo, el Ministerio Público hizo un cálculo del perjuicio económico causado por los dos imputados, toda vez que el valor aduanero de la retroexcavadora bordea los USD 15 mil (unos $14 millones de pesos), y la construcción de la zanja por parte de los uniformados implicó un costo fiscal de unos USD 6,900 ($6 millones).
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Al respecto, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, detalló en conversación con BioBíoChile que los imputados fueron sorprendidos in fraganti “despejando el terreno”, asunto que demuestra la efectividad de estas zanjas de tres metros de ancho y profundidad para impedir el paso de migrantes ilegales y vehículos con droga de contrabando, y recordó de paso que “uno no puede hacer una zanja y dejarla ahí”.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que ambos sujetos tenían antecedentes penales previos -uno de ellos precisamente por contrabando-, la flagrancia en la que fueron detenidos y la gravedad de los delitos, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, decretando 100 días como plazo para la investigación.
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