Empieza en Bolivia el juicio por la desaparición de Odalys Vaquiata, tras cuatro años de investigaciones

Este martes inició en Bolivia el juicio oral por la desaparición de Odalys Vaquiata tras más de cuatro años de investigaciones en uno de los casos que ha generado mayor atención pública en el país en los últimos años.

La audiencia contará con la presencia de cinco personas acusadas, entre ellas Joel P., su expareja y sospechoso de feminicidio, además de sus padres, a quienes se acusa en grado de complicidad; y otras dos personas que están involucradas por presunto encubrimiento; según informó el abogado de la familia de la víctima, Jhovanny Gonzales, a la prensa local.

Odalys desapareció el 30 de marzo de 2022, cuando tenía 28 años, durante un viaje a la región tropical de los Yungas, en el departamento de La Paz, junto con su novio.

Según las investigaciones y los testimonios que se difundieron de manera pública, ambos fueron vistos en una fiesta en la localidad de Tocaña donde consumieron bebidas alcohólicas. La versión del principal acusado sostiene que en la noche decidieron retornar a La Paz, pero en el camino de regreso ambos discutieron, ella bajó del vehículo y se fue.

El joven asegura que la buscó, pero no logró encontrarla. Al día siguiente, el 31 de marzo, se reportó oficialmente su desaparición y se iniciaron los operativos de búsqueda con personal de Bomberos, la Patrulla Caminera y la Policía.

Mientras se realizaban los rastrillajes y avanzaba la investigación, fuentes policiales revelaron que Joel P. incurrió en una serie de contradicciones durante sus declaraciones, lo que provocó su detención preventiva el 2 de abril en una cárcel de La Paz.

A pesar de que las investigaciones no han sido concluyentes, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó que tenía “toda la certeza” de que las versiones ofrecidas por la pareja de la joven fueron “mentirosas” y señaló: “él planificó el hecho con la intención de enlutar a la familia de Odalys”.

El inicio del juicio se produce tras múltiples aplazamientos y observaciones procesales que dilataron su instalación. Estas demoras fueron atribuidas a diversos factores, entre ellos recursos legales interpuestos por las partes, ajustes en la acusación y la necesidad de completar procesos dentro de la investigación.

La madre de la víctima, Mabel Quispe, pidió que se dicte la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto contra los acusados. “Quiero que les den la pena máxima, porque ellos saben muy bien qué hicieron con mi hija y no me la han querido devolver. Quisiera tener, por lo menos, el consuelo de decirle algún día a mi nieto: ‘Aquí está tu mamá, te la encontré, acá descansa ella’, pero ni eso me dieron”, afirmó en una entrevista con el canal Bolivisión.

Se prevé que el juicio oral se extienda por varias semanas, dependiendo de la cantidad de pruebas y testigos convocados a declarar. El proceso será clave para establecer un caso mediático que puso en tela de juicio la capacidad del Estado para resolver estos casos y marcar un precedente en la lucha contra la violencia de género en Bolivia.

Aunque no existen registros públicos consolidados sobre desapariciones, los feminicidios son un problema persistente en Bolivia. Desde que se incluyó esta figura en la legislación boliviana en el año 2013, se ha registrado un promedio anual de entre 80 y 110 feminicidios, lo que equivale a un caso cada tres o cuatro días. Además, el alto número de denuncias por violencia previa —más de 300.000 en una década— muestra que estos crímenes suelen estar precedidos por contextos de violencia doméstica.