Ecuador trasladó a 61 mujeres de alta peligrosidad a la cárcel La Roca en un operativo de máxima seguridad

El Gobierno de Ecuador ejecutó el miércoles 8 de abril un operativo para trasladar a 61 mujeres consideradas de alta peligrosidad al centro penitenciario La Roca, en Guayaquil, una de las cárceles de máxima seguridad del país. La medida forma parte de una estrategia estatal orientada a concentrar en un mismo recinto a personas privadas de libertad vinculadas a delitos de alto impacto, con el objetivo de reducir su capacidad de articulación criminal desde el sistema penitenciario.

El traslado fue confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien difundió imágenes del operativo, en el que se observa a las internas bajo estrictas medidas de seguridad, escoltadas por personal policial y militar. La decisión se enmarca en la política de endurecimiento del control carcelario impulsada por el Ejecutivo en el contexto de la crisis de violencia que atraviesa Ecuador desde 2023.

La Roca es una instalación diseñada para albergar a internos de alto riesgo, principalmente relacionados con estructuras del crimen organizado, narcotráfico y delitos violentos. Su régimen implica aislamiento, vigilancia reforzada y limitaciones estrictas en la comunicación, lo que la convierte en un instrumento clave para el Estado en su intento de recuperar el control de las cárceles, históricamente penetradas por organizaciones criminales.

Entre las 61 mujeres trasladadas se encuentran varias figuras cuyos casos han tenido amplia repercusión pública. Una de ellas es Andreína Lamota, conocida como la “descuartizadora de Sauces”, condenada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre. El caso generó conmoción nacional debido al nivel de violencia y planificación: la víctima fue desmembrada y sus restos encontrados en una lavadora y recipientes plásticos, tras una serie de búsquedas en internet realizadas por la autora sobre cómo cometer el crimen y ocultar el cuerpo.

También figura Verónica Briones Zambrano, identificada como la pareja sentimental de José Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la organización criminal Los Choneros. Briones enfrenta procesos por delincuencia organizada y lavado de activos, en una línea de investigación que apunta a las redes financieras que sostienen a las estructuras narcocriminales en el país. Su caso es considerado estratégico por las autoridades debido a la relevancia de su vínculo con uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Ecuador.

Otro de los nombres que ha generado mayor controversia es el de José Arroyo Cabrera, alcalde del cantón Pujilí, quien también fue incluido en el traslado tras haber registrado oficialmente su identidad de género como femenina en 2024. Arroyo enfrenta un proceso por presunto peculado en el denominado caso Ornato Municipal y se encuentra en fase preparatoria de juicio, sin una sentencia ejecutoriada. Su inclusión en el grupo trasladado introduce un elemento político en la medida, al tratarse de una autoridad en funciones.

El grupo de internas incluye además a Simuy Lozano, conocida como la “Barbie del Sur”, sentenciada a 23 años de prisión por tentativa de asesinato; a una médica e influencer detenida en marzo de 2026 por un caso de extorsión con amenazas; y a Kerly Álvarez, hija de un cabecilla criminal vinculado a los Comandos de la Frontera, condenada por delincuencia organizada y procesada por lavado de activos.

El perfil de las mujeres trasladadas revela una característica relevante del fenómeno criminal en Ecuador: la participación activa de mujeres en distintas capas de las estructuras delictivas. Lejos de desempeñar roles marginales, varios de estos casos muestran su implicación en actividades clave como financiamiento, logística, extorsión y gestión de redes familiares vinculadas al crimen organizado.

Sin embargo, la medida también plantea interrogantes sobre las condiciones de reclusión, el debido proceso en casos aún no sentenciados y el uso de centros de máxima seguridad como herramienta de gestión política de la crisis carcelaria. En el caso del alcalde de Pujilí, por ejemplo, su traslado ocurre sin una condena firme, lo que podría abrir debates sobre el uso de criterios de peligrosidad en decisiones penitenciarias.