La diputada oficialista Diana Romero, esposa del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, está en el ojo de la tormenta por ausencias recurrentes a la Cámara de Diputados.
En la última semana, la diputada faltó a dos sesiones —el 25 y 26 de marzo— porque se encontraba en México, a donde fue invitada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para ver el partido clasificatorio de Bolivia contra Surinam para el Mundial. Según denunciaron públicamente algunos legisladores, con estas ausencias Romero acumularía al menos diez faltas desde que inició su gestión en noviembre pasado.
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En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, anunció un proceso disciplinario para establecer si la diputada incumplió con el reglamento de licencias y, en ese caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Sin embargo, la normativa de la Asamblea Legislativa es generosa porque no establece un límite de licencias y permite a los legisladores gozar del 100% de su remuneración cuando faltan con permiso.
Según el reglamento interno, los diputados pueden solicitar indefinidas licencias por motivos personales (como matrimonio o el fallecimiento de un familiar), de fuerza mayor (como accidentes o la imposibilidad de llegar a la sesión), convocatorias a otras instancias públicas, invitaciones relacionadas con la función parlamentaria, baja médica o viajes nacionales e internacionales, pero no reglamenta el motivo de los desplazamientos.
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La denuncia formal contra Romero la presentó la diputada opositora Sofía Rocha, quien sostiene que su colega justificó las inasistencias con bajas médicas para realizar viajes a Brasil y México. La Comisión de Ética, conformada este martes, analizará las solicitudes realizadas para analizar si se cumplió con el reglamento de licencias o si su ausencia se considera abandono de funciones.
El Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados incluye como “falta gravísima” la figura de “abandono injustificado” de funciones cuando se contabilizan más de seis días continuos u once discontinuos en el año. En ese caso, la sanción implica la pérdida de mandato, pero no se registran precedentes recientes de la aplicación de esta figura.
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La diputada de oposición Adriana Aguirre manifestó que al margen de las acciones contra Romero, se debería investigar a los funcionarios que aceptaron los documentos y autorizaron el permiso. “La evaluación interna de la justificación del permiso la desconozco, pero debería ser muy rígida”, explicó a Infobae.
La primera polémica en torno al cumplimiento de las funciones legislativas de la diputada Romero surgió en el inicio de su gestión, cuando no asistió a la primera sesión de la Cámara de Diputados porque se encontraba en Brasil. El vicepresidente Lara justificó la ausencia alegando motivos de salud y reveló que su esposa tenía un tumor en la cabeza que le produce fuertes dolores y desmayos.
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Mientras algunos sectores consideran que las críticas contra Romero responden a una fiscalización legítima del trabajo parlamentario, otros advierten un posible uso político del tema.
En una perspectiva mayor, su caso genera un debate más amplio sobre la asistencia de los legisladores, los mecanismos de control dentro de la Asamblea Legislativa y la rendición de cuentas de las autoridades electas.
Diana Romero, de 39 años, fue electa diputada de Santa Cruz por el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC).
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