Una investigación periodística reveló que el bombardeo militar en Ecuador destruyó una finca lechera y no un campo narco

El diario The New York Times reveló que una reciente operación militar en la frontera norte de Ecuador, presentada oficialmente como un golpe contra estructuras del narcotráfico, habría impactado en realidad una finca dedicada a la producción de leche y ganado, según una investigación publicada el 24 de marzo de 2026. El reportaje, basado en trabajo de campo, entrevistas y verificación visual, contradice la versión difundida por autoridades ecuatorianas y estadounidenses, que aseguraban haber atacado un campamento de entrenamiento de grupos armados vinculados al narcotráfico.

De acuerdo con la investigación periodística, el sitio bombardeado en el recinto San Martín, en la provincia de Sucumbíos, era una propiedad rural productiva y no un enclave criminal. Entrevistas con el propietario, trabajadores, residentes y abogados de derechos humanos coinciden en que el lugar funcionaba como una finca ganadera y lechera, sin evidencia de actividades ilícitas.

El reportaje detalla que la operación militar se desarrolló en varias fases. El 3 de marzo, soldados ecuatorianos habrían ingresado en helicóptero a la propiedad, incendiando estructuras tras interrogar a los trabajadores. Tres días después, el 6 de marzo, se habrían lanzado explosivos sobre los restos de la finca, en un ataque que posteriormente fue difundido como un golpe a una supuesta infraestructura narcotraficante.

Sin embargo, los testimonios recogidos en territorio ecuatoriano ya habían puesto en duda esa versión días antes. Según un reporte de Radio Sucumbíos publicado el 13 de marzo, habitantes de la zona afirmaron que los bombardeos impactaron viviendas —incluidas estructuras deshabitadas— y áreas utilizadas para actividades agrícolas, sin que existieran indicios de presencia de grupos armados.

Los comuneros relataron que escucharon el sobrevuelo de avionetas militares y la detonación de bombas que dejaron cráteres en el terreno. En uno de los casos, una vivienda abandonada fue primero incendiada y luego bombardeada, pese a no estar habitada ni presentar actividad reciente. “Aquí lo único que tenían eran unas vaquitas”, señaló uno de los testimonios recogidos en el lugar por la radio local.

Estos relatos coinciden con lo documentado posteriormente por Ecuador Chequea, que el 20 de marzo publicó testimonios de comuneros de San Martín que niegan cualquier vínculo con organizaciones criminales. Según ese reporte, en la zona viven alrededor de 27 familias dedicadas a actividades agrícolas, quienes aseguraron no entender por qué sus viviendas fueron consideradas objetivos militares.

El medio de verificación de datos también recogió declaraciones de habitantes que denunciaron temor ante posibles nuevos operativos y cuestionaron la falta de verificación previa por parte de las autoridades. “No entienden por qué los militares atacaron lo que las fuerzas de seguridad aseguran eran campamentos”, señala la publicación.

Pese a estas versiones, el Gobierno ecuatoriano sostuvo que la operación formaba parte de su estrategia contra el narcoterrorismo y que el sitio intervenido era utilizado por grupos armados, específicamente por estructuras como los Comandos de la Frontera. También indicó que el operativo contó con apoyo de Estados Unidos, en el marco de una cooperación bilateral en seguridad.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que no se puede esperar que los campamentos criminales tengan indicativos obvios sobres su actividades y explicó que los operativos que efectúan las fuerzas de seguridad se basan en amplios estudios de inteligencia.

No obstante, la investigación del New York Times indica que no se presentaron pruebas públicas que respalden la supuesta presencia de estructuras criminales en la finca. Además, funcionarios estadounidenses consultados por el medio señalaron que, aunque existió cooperación, las fuerzas de ese país no participaron directamente en el bombardeo.

El caso se produce en un contexto de intensificación de las operaciones militares en Ecuador, donde el gobierno ha declarado un conflicto armado interno contra organizaciones criminales. En este escenario, organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de afectaciones a la población civil en zonas fronterizas, donde la presencia estatal es limitada y las dinámicas comunitarias conviven con economías informales y movilidad transfronteriza.