La Fiscalía de Bolivia informó la conclusión de las investigaciones contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por una acusación de trata agravada de personas por la que enfrenta una orden de aprehensión. Con el cierre de la etapa investigativa, el caso entra a la fase del juicio oral.
El fiscal departamental de la ciudad de Tarija, Ernesto Mogro, explicó que le corresponde al Tribunal de Justicia emitir las notificaciones a las partes e iniciar la fase de juzgamiento. “El Ministerio Público ya ha presentado la prueba de cargo correspondiente que va a producirse dentro del juicio oral, público y contradictorio que se va a desarrollar; solamente estamos a la espera de que el Poder Judicial pueda realizar las citaciones correspondientes”, señaló Mogro.
El fiscal agregó que en caso de que Morales se ausente a la convocatoria judicial, podría enfrentar una nueva orden de aprehensión.
La causa que enfrenta el exmandatario tiene que ver con el presunto vínculo que tuvo con una menor de edad mientras ejercía la Presidencia de Bolivia. Los informes preliminares señalan que en 2016 Morales abusó de una joven de 15 años, con quien tuvo una hija a la que inscribieron en un registro civil de la localidad de Yacuiba (sur) y cuya partida de nacimiento fue uno de los disparadores de la investigación.
El proceso judicial fue iniciado en septiembre de 2024 cuando la entonces fiscal departamental Sandra Gutiérrez presentó una acusación formal por el delito de trata agravada de personas. En el caso fueron incluidos, además del expresidente, los padres de la presunta víctima, a quienes se acusa de haber actuado en complicidad y de haber recibido favores políticos.
Tras haberse ausentado de dos citaciones judiciales, el expresidente fue declarado en rebeldía el 17 de enero de 2025. La Justicia determinó entonces dictar su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias, la anotación preventiva de sus bienes y emitir una orden de aprehensión.
En tanto, la presunta víctima, Cindy S.V.P., y su hija, se encuentran en Argentina desde agosto de 2025 bajo refugio diplomático otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), luego de haber denunciado hostigamiento y persecución por parte de autoridades del gobierno anterior.
A raíz de este caso, Morales está atrincherado en su bastión político, en la región cocalera al centro del país, desde septiembre de 2024, donde sus seguidores mantienen una vigilia para evitar su captura. Tras haber desaparecido de la escena pública por 46 días por una convalecencia de salud, el jueves reapareció en un acto público en el que se declaró un “perseguido político”.
Durante un discurso frente a sus seguidores en la localidad de Chimoré (centro), Morales manifestó su intención de reorganizar su fuerza política y presentó a los candidatos que respalda para las elecciones autonómicas del 22 de marzo.
La semana pasada, la Policía de Bolivia afirmó que ejecutará la orden de captura contra el líder cocalero “en el momento, modo y lugar oportunos”.
En declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE, el subcomandante policial, Juan Román Peña, afirmó que no puede develar la estrategia de aprehensión, pero afirmó que “se está trabajando” para generar las condiciones necesarias que permitan proceder con la ejecución de la orden de arresto.
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