La cárcel más violenta de Ecuador bajo escrutinio: se instala mesa de emergencia tras denuncias de casi 1.000 muertes

La instalación de una mesa de emergencia para atender la crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral se concretó esta semana en medio de fuertes denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos, que aseguran que casi 1.000 personas privadas de libertad han muerto en los últimos años por causas asociadas a desnutrición, insalubridad y falta de atención médica, bajo custodia del Estado. La medida se da tras meses de alertas documentadas sobre un colapso estructural en el mayor centro penitenciario del país y bajo presión de resoluciones judiciales y cautelares internacionales.

La mesa fue instalada en el marco del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de todas las personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1, así como de víctimas de desaparición forzada ocurridas en contextos de militarización carcelaria. El espacio fue convocado por el Ministerio de Gobierno y cuenta con la participación de instituciones estatales, la Defensoría del Pueblo y organizaciones peticionarias como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

La instalación de esta instancia ocurre después de que el CDH realizara, el 22 de abril de 2025, una visita al interior de la Penitenciaría del Litoral por disposición judicial, en la que constató graves violaciones a derechos humanos, particularmente en materia de alimentación, salud, condiciones de habitabilidad y trato digno. El informe resultante describe un escenario de emergencia humanitaria, agravado —según la organización— por la ocupación militar permanente ordenada desde enero de 2024.

De acuerdo con ese reporte, en el pabellón 7 del centro penitenciario se encontraban 531 personas con diagnóstico confirmado de tuberculosis, muchas de ellas sin acceso a tratamiento médico durante al menos tres meses, pese a contar con resultados clínicos que acreditan la enfermedad. Durante el recorrido, se observaron internos en estado grave, algunos imposibilitados de movilizarse, otros con pérdida extrema de peso y síntomas compatibles con desnutrición severa, así como personas que ya habían cumplido su pena pero continuaban detenidas.

Las condiciones materiales descritas por el CDH incluyen ausencia de agua potable y energía eléctrica en las celdas, desbordes de aguas servidas, presencia de heces de roedores, falta de utensilios de limpieza y hacinamiento extremo, con hasta nueve personas por celda diseñada para tres. En el policlínico, el personal del Ministerio de Salud Pública denunció que las Fuerzas Armadas impiden desde hace meses el ingreso de médicos y medicamentos, lo que ha derivado en la suspensión de tratamientos y en la acumulación de personas en estado crítico sin posibilidad de traslado hospitalario por falta de ambulancias.

En materia de alimentación, el informe detalla que la entrega de comida se realiza sin registros documentados y en condiciones de insalubridad. Durante la visita, se constató la presencia de contenedores con arroz infestados de moscas, alimentos expuestos durante horas al sol y raciones insuficientes para el número de personas detenidas. Además, los productos vendidos en economatos privados consistían mayoritariamente en alimentos ultraprocesados de bajo valor nutricional.

Sobre la base de estos hallazgos, familiares de personas privadas de libertad sostienen que las muertes bajo custodia no pueden explicarse únicamente por la violencia carcelaria. En concentraciones realizadas en Guayaquil y Quito, denuncian que la cifra acumulada de fallecimientos por enfermedades, inanición y abandono estatal se acerca al millar, sin que exista hasta ahora un registro oficial transparente y verificable. Las organizaciones acompañantes advierten que la ausencia de datos consolidados forma parte del problema y dificulta cualquier respuesta efectiva.

En su pronunciamiento de enero de 2026, el CDH señaló que la crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral no responde a una sola causa, sino a una cadena de acciones y omisiones acumuladas, entre ellas la ruptura de los servicios de alimentación, la descoordinación institucional y una militarización sin plan de transición ni control civil efectivo. Por ello, subrayó que la mesa de emergencia deberá trabajar con criterios técnicos, basados en evidencia y con participación de funcionarios con competencia directa en el sistema penitenciario.

El informe de la visita de abril concluye que las condiciones observadas constituyen una forma sistemática de trato cruel, inhumano y degradante, e incluso califica la situación como una práctica estatal de tortura física y psicológica continuada. Entre sus recomendaciones centrales figura la creación urgente de una mesa interinstitucional de salud y alimentación, precisamente la que ahora se anuncia, aunque con retraso frente a la magnitud de la crisis.

Mientras la mesa inicia sus trabajos, familiares y defensores de derechos humanos advierten que cada día sin medidas concretas se traduce en nuevas muertes evitables. La expectativa está puesta en que este espacio no se limite a diagnósticos reiterados, sino que produzca decisiones inmediatas y verificables para garantizar alimentación adecuada, atención médica oportuna y condiciones mínimas de dignidad en un centro que, desde hace años, concentra algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos en Ecuador.