El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, afirmó que en Ecuador no habrá apagones y que el sistema eléctrico cuenta con respaldo suficiente para atender la demanda durante 2025 y 2026, incluso frente a escenarios de menor disponibilidad hídrica. La funcionaria sostuvo esta posición en una entrevista concedida al programa De lunes a lunes, de Teleamazonas, donde insistió en que la clave está en la gestión operativa, la diversificación de fuentes y la incorporación gradual de nueva capacidad de generación.

Según Manzano, el Gobierno trabaja con información técnica del operador del sistema y de los institutos de monitoreo climático, lo que le permite asegurar que no se repetirá un escenario de racionamientos generalizados como el vivido en años anteriores.

En su intervención, la ministra rechazó la idea de que el país esté al borde de un nuevo ciclo de apagones por estiaje. Señaló que, a diferencia de lo que se ha difundido en el debate público, los períodos críticos de menor caudal no se concentran en los primeros meses del año, sino hacia el último trimestre, y que para entonces se prevé contar con mayores márgenes de oferta.

Manzano defendió el rol de las hidroeléctricas como eje de la matriz energética ecuatoriana y pidió no “satanizar” esta fuente, recordando que históricamente ha permitido cubrir hasta el 90 % de la generación nacional. A su criterio, los problemas del pasado se explican más por falta de inversión y mantenimiento oportuno que por una debilidad estructural del modelo.

La ministra detalló que, en el último año, se incorporaron cerca de 838 megavatios adicionales al sistema mediante recuperación de centrales, entrada de nuevos proyectos y generación de respaldo, incluyendo barcazas y plantas térmicas.

A ello se suma la participación de empresas privadas que cuentan con generación propia y que, bajo esquemas voluntarios y remunerados, entregan energía al sistema nacional. Manzano subrayó que estos mecanismos no constituyen apagones encubiertos ni desconexiones obligatorias, sino compras de energía para fortalecer la oferta en momentos de mayor demanda. En paralelo, recordó que Ecuador mantiene interconexiones con Colombia y Perú que permiten importar electricidad cuando es necesario, así como exportar excedentes en épocas de alta disponibilidad.

Desde esta perspectiva, la posición oficial es que el riesgo de racionamientos está controlado y que el énfasis debe ponerse en consolidar proyectos de mediano y largo plazo, como los ciclos combinados a gas y nuevas plantas renovables, que acompañen el crecimiento de la demanda. Manzano reconoció que este tipo de infraestructura no se construye de forma inmediata, pero sostuvo que el país ya se encuentra en una fase de transición que permitirá reducir la dependencia de soluciones de emergencia.

Esta lectura contrasta con la advertencia formulada por el analista energético José Alvear, en una entrevista concedida la semana pasada a Infobae. Alvear sostuvo que el sistema eléctrico ecuatoriano sigue siendo frágil y que existe un riesgo real de apagones en el corto plazo si no se materializan soluciones estructurales. En su análisis, el problema central no es solo climático, sino de planificación, gestión y tiempos de ejecución. A su juicio, varios de los proyectos anunciados por el Gobierno, tanto térmicos como renovables, no podrían entrar en operación antes de finales de la década debido a los plazos técnicos de licitación, fabricación de equipos y construcción.

El experto cuestionó, además, la forma en que se comunican las cifras de nueva capacidad instalada, especialmente en el caso de proyectos fotovoltaicos, y advirtió que la potencia nominal no equivale a la energía efectivamente disponible para el sistema. También señaló que el parque termoeléctrico existente presenta altos niveles de indisponibilidad por su antigüedad y que las recuperaciones recientes serían insuficientes para cubrir un déficit que, según su estimación, ronda los mil megavatios. Desde esta óptica, Alvear considera que el país sigue dependiendo de compras externas y de generación de emergencia a altos costos, lo que aumenta la vulnerabilidad ante eventos climáticos regionales.