El gobierno de Rodrigo Paz logró este domingo un acuerdo clave con la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones campesinas que pone fin a una semana de bloqueos y protestas que afectaron la movilidad y la economía en Bolivia.
El pacto, alcanzado tras un día de diálogo con seis ministros, abroga el polémico decreto 5503 y establece la elaboración de una nueva norma que mantendrá la subvención a los combustibles, junto a otras medidas sociales.
El acuerdo fue rubricado en El Alto, epicentro de las movilizaciones y una de las zonas más golpeadas por los bloqueos. Según el documento firmado, “el decreto 5503 se abrogará en su totalidad” y se creará una comisión para redactar un nuevo decreto que “mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles”. Además, seguirá vigente la reprogramación de créditos bancarios, la mejora de bonos sociales y la actualización de la política salarial, tres ejes centrales de la administración Paz para proteger a los sectores vulnerables.
La Central Obrera Boliviana y los sindicatos anunciaron el levantamiento de todas las medidas de presión, incluyendo los cortes de ruta que paralizaron el país desde el martes. Sin embargo, declararon que mantendrán el estado de emergencia hasta que el nuevo decreto sea promulgado oficialmente. Este gesto permite al gobierno de Paz retomar la normalidad y atender las necesidades de la población, especialmente después de las millonarias pérdidas sufridas por los sectores productivos y el Estado.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, subrayó la importancia del diálogo y la capacidad del gobierno para escuchar demandas sociales sin ceder en los principios de estabilidad y desarrollo.
“Las autoridades de Gobierno han reflexionado y cuando las autoridades trabajan con su pueblo también hay que aplaudir”, expresó el dirigente minero Mario Argollo, líder de la COB, al valorar el desenlace y agradecer la movilización de los sectores sociales.
El decreto 5503, en vigor desde el 17 de diciembre, había fijado nuevos precios para los combustibles, con aumentos de hasta el 162% respecto a los valores subsidiados vigentes durante más de 20 años. También contemplaba el aumento del salario mínimo, un bono escolar y la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
Aunque los sindicatos denunciaron que la norma abría la puerta a la privatización de recursos y empresas estatales, el Ejecutivo negó estas acusaciones y defendió las reformas como necesarias para sanear la economía y garantizar el abastecimiento energético.
Las protestas sindicales y campesinas, que incluyeron cortes en rutas troncales y marchas desde el 22 de diciembre, causaron graves perjuicios a la vida cotidiana y a sectores productivos y turísticos. El gobierno de Paz dispuso rescates por aire y agua para turistas y viajeros varados en el salar de Uyuni y el lago Titicaca, además de puentes aéreos para mantener el abastecimiento de alimentos en las ciudades.
El levantamiento de los bloqueos marca el restablecimiento de la normalidad y la recuperación de la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía.
El gobierno reiteró su compromiso de seguir trabajando en políticas públicas responsables, abiertas al diálogo, y centradas en el interés nacional, en un contexto regional marcado por la volatilidad de los precios energéticos y la presión sobre los recursos públicos. El desenlace permite a Bolivia mirar hacia adelante con una agenda de reformas orientada al crecimiento, la inclusión y la modernización.
(Con información de EFE)
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