Cuba enfrentará este martes otra jornada caracterizada por apagones prolongados que dejarán sin electricidad al 53% del país durante el horario de mayor demanda, situación informada por la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).
Estos cortes simultáneos ocurrirán principalmente en la franja de tarde a noche, cuando el consumo energético alcanza su punto más alto en todo el territorio nacional.
En este periodo crítico, la capacidad de generación prevista es de 1.570 megavatios (MW), frente a una demanda máxima que supera los 3.300 MW. Este desfase provocará un déficit de 1.730 MW; para evitar un colapso desordenado del sistema, la energía que será retirada deliberadamente llegará a los 1.760 MW.
Los apagones afectan tanto a zonas urbanas como a áreas rurales e incluyen regiones específicas como Moa, en el oriente de la isla.
El origen de esta crisis energética combina causas estructurales y puntuales. Actualmente, cinco de las 16 centrales termoeléctricas del país están fuera de servicio, ya sea por averías o por mantenimiento. Estas instalaciones aportan aproximadamente el 40% del mix energético de Cuba, lo que agrava el impacto de su inactividad.
Al mismo tiempo, la generación distribuida —compuesta por 93 centrales de motores diésel y fueloil, además del equipamiento ubicado en Moa— permanece inactiva a causa de la falta de combustible.
Además, una docena de motores adicionales ha quedado paralizada por la ausencia de lubricantes, lo que limita aún más la respuesta ante la creciente demanda.
La presión ejercida recientemente por Estados Unidos sobre los tanqueros procedentes de Venezuela, el principal proveedor energético externo de la isla, ha dificultado la llegada de combustibles necesarios para operar tanto las termoeléctricas como la generación distribuida. Las sanciones y restricciones impuestas incrementan la fragilidad del sistema eléctrico cubano al restringir la disponibilidad de recursos esenciales.
Expertos independientes sostienen que el problema de fondo es una infrafinanciación crónica en el sector eléctrico, el cual ha permanecido bajo control estatal desde 1959. Diversos cálculos coinciden en que serían necesarios entre USD 8.000 millones y USD 10.000 millones para modernizar y estabilizar la red nacional, cuya infraestructura padece décadas de falta de inversión y carencias técnicas.
Los especialistas insisten en que la gestión centralizada y el escaso presupuesto son factores determinantes que impiden una solución a largo plazo para la crisis energética.
El impacto de estos cortes eléctricos trasciende la incomodidad diaria. Los apagones han frenado el desarrollo económico del país, que ha sufrido una contracción del 11% en los últimos cinco años, y han deteriorado tanto el tejido productivo como los servicios básicos, profundizando el malestar social y la inestabilidad cotidiana.
En este contexto, la persistencia de los cortes de electricidad ha sido un factor central en el surgimiento de las expresiones de descontento social y protestas que han marcado los últimos años en la isla.
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