Comunidades indígenas de Bolivia piden al Gobierno estudio ambiental para explotar litio

Comunidades indígenas del suroeste de Bolivia, región que alberga el mayor yacimiento de litio del país, solicitaron al Gobierno del presidente Rodrigo Paz que los proyectos de explotación de ese recurso contemplen los estudios de impacto ambiental y procesos de consulta previa que establece la Constitución Política del Estado.

Esta demanda está contenida en un proyecto de ley elaborado por autoridades de la provincia Nor Lípez, en el departamento andino de Potosí, que busca establecer un marco legal sobre el futuro de la región.

“Queremos saber qué les espera de aquí a diez años”, señaló el secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, Iván Calcina, a la agencia de noticias EFE.

“El punto más importante para nosotros es la consulta previa, libre e informada, y el estudio de impacto al medioambiente”, explicó el dirigente. La solicitud toma relevancia luego de la promulgación del Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para afrontar la crisis fiscal que atraviesa el país y que incluye, entre otros puntos, un mecanismo “fast track” de aprobación de contratos sobre recursos naturales.

Calcina indicó que son 14 las comunidades asentadas en los alrededores del salar de Uyuni que serían las directamente afectadas en caso de avanzar proyectos de explotación e industrialización, especialmente por la posible escasez de agua y otros impactos ambientales.

“Para las comunidades que viven alrededor del salar esa es su primera preocupación, quieren saber un estudio hidrológico porque va a ser importante, no solo para la región sino para todos los bolivianos”, afirmó.

La inquietud de los pueblos de la región se intensificó a partir de los contratos suscritos durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio mediante la tecnología de extracción directa (EDL), acuerdos que, según las observaciones, no contaban con estudios de impacto ambiental.

Las inversiones previstas con las compañías extranjeras quedaron paralizadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental, falta de transparencia y la baja rentabilidad, entre otros aspectos. Además, para su firma no se realizó la consulta previa a las comunidades indígenas potencialmente afectadas, como establecen las normas vigentes en Bolivia.

El largo camino de la industrialización del litio

Bolivia tiene una de las mayores reservas mundiales de litio. Según la estimación de Yacimientos de Litio Bolivianos, el país tiene 23 millones de toneladas del metal, concentradas principalmente en el salar de Uyuni, que se extiende por unos 10.000 kilómetros cuadrados y constituye uno de los principales destinos turísticos del país.

Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) se implementó una infraestructura para producir carbonato de litio a través de un sistema de evaporación solar en piscinas y se crearon una planta piloto de cátodos para la elaboración de baterías, una de cloruro de potasio y una de carbonato de litio, lo que prometía dar un salto en la industrialización del país.

Años más tarde, con Luis Arce en el Gobierno (2020-2025) se decidió cambiar la estrategia de extracción porque se consideró que la evaporación no era el método adecuado y que las piscinas tenían fallas en su diseño, construcción e implementación.

En 2021, la administración de Arce determinó pasar a la tecnología de evaporación a la Extracción Directa de Litio (EDL), y lanzó dos convocatorias internacionales para darle un nuevo rumbo a la industria del litio.

En noviembre de 2024, el Gobierno firmó dos contratos —uno con la empresa rusa Uranium One Group y otro con el consorcio chino CBC Hong Kong Investment Corporation— para la construcción y puesta en marcha de tres plantas que suman una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares.

Para entrar en vigencia, los acuerdos debían ser aprobados por la Asamblea Legislativa donde quedaron estancados.

El actual presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el pasado 8 de noviembre, denunció que en las gestiones de Morales y Arce “se robaron el litio” debido a la falta de resultados en su explotación e industrialización, y aseguró que su Gobierno trabajará en el tema para ofrecer soluciones efectivas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado el rumbo que tomará el proceso de industrialización en los próximos años.