El régimen de Nicaragua acusó de terrorista y “malhechor” al pastor evangélico cuya libertad exige Estados Unidos

Estados Unidos pidió a la dictadura de Nicaragua la liberación inmediata del pastor evangélico Rudy Palacios, detenido desde julio, al señalar que su encarcelamiento por predicar por la paz viola derechos humanos y pone en riesgo su salud.

El pronunciamiento de Washington fue respondido horas después por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con un comunicado de la Procuraduría General de la República que calificó al pastor Palacios de “malhechor” y lo acusó de terrorismo y de planificar nuevos ataques contra el Estado.

La exigencia de Estados Unidos fue difundida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y replicada por la embajada estadounidense en Managua.

En su mensaje, Washington subrayó que el pastor Rudy Palacios y uno de sus familiares encarcelados son sobrevivientes de cáncer y requieren atención médica regular, y sostuvo que fue detenido por predicar por la paz y criticar la represión estatal.

Rudy Palacios es un pastor evangélico nicaragüense arrestado el 17 de julio de 2025 junto a cuatro miembros de su familia, en medio de una serie de detenciones realizadas en Jinotepe, Carazo.

El 16 de septiembre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del pastor Rudy Antonio Palacios, su esposa Olga María Lara, su hija Jessica, su yerno Pedro López y su cuñado Armando Bermúdez, desaparecidos desde el 17 de julio en Jinotepe, Carazo, tras ser detenidos por la policía nicaragüense.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado, las autoridades lo acusaron de alta traición tras expresar críticas públicas a la represión y a las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen.

A finales de julio, Palacios y sus familiares fueron procesados en una audiencia virtual de trámite rápido. La acusación formal incluyó los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y traición a la patria, figuras penales que la dictadura de Nicaragua ha utilizado de forma recurrente contra opositores, líderes religiosos y activistas críticos.

El caso también fue documentado por la organización internacional Christian Solidarity Worldwide, con sede en Londres, que en julio exigió la liberación inmediata del pastor Rudy Palacios Vargas y de otras siete personas detenidas ese mismo día.

Según CSW, las capturas ocurrieron tras años de hostigamiento contra Palacios por denunciar violaciones de derechos humanos, y pidió a la comunidad internacional intervenir por la vía diplomática para conocer el estado de los detenidos y exigir su libertad.

Entre las personas procesadas junto al pastor figuran sus hermanas Arely y Jéssica Palacios; sus cuñados Pedro José López Calero y Armando Bermúdez Mojica; los activistas Mauricio Alonso Petri y Mauricio Alonso Estrada, padre e hijo, miembros del equipo de alabanza de su iglesia; y la exconcejala Olga María Lara Rojas, descrita por CSW como cristiana protestante y amiga cercana de la familia.

En su pronunciamiento más reciente, Estados Unidos reiteró que el encarcelamiento del pastor Palacios forma parte del patrón de detenciones contra opositores y críticos del régimen nicaragüense.

Según Washington, Palacios integra el grupo de al menos 62 personas consideradas presas políticas por organismos humanitarios, entre ellas adultos mayores y personas en condición de desaparición forzada, de acuerdo con datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La respuesta oficial del régimen se produjo la noche del 22 de diciembre, cuando la Procuraduría General de Justicia difundió un comunicado que tituló “No son pastores, son malhechores”, en el presentó a los detenidos como criminales.

“En el contexto de las acciones terroristas del 2018, grupos de personas vinculadas a personas y organizaciones extremistas, hoy apátridas, participaron destruyendo bienes materiales y regando sangre bendita de nicaragüenses”, señaló la dictadura.

“Entre estos criminales están Rudy Antonio Palacios Vargas, Mauricio Francisco Alonso Estrada, Pedro José López Calero, Armando José Bermúdez Mojica, Jessica María Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas, culpables de violentar la Constitución, agredir la Paz y destruir Vidas y Valores de los nicaragüenses”, añade el comunicado.

En el texto, la dictadura sostuvo que Palacios y las otras personas huyeron del país para “evitar el peso de la ley” y que regresaron clandestinamente con la intención de planificar nuevas agresiones.

El comunicado oficial afirmó que Rudy Antonio Palacios Vargas y los demás acusados fueron capturados, procesados y condenados, y que permanecen recluidos en centros penitenciarios del país. También aseguró que, durante el proceso, se respetaron todos sus derechos y que deberán cumplir sentencia conforme al ordenamiento jurídico nicaragüense.

Freddy Quezada, catedrático universitario, ex preso político y desterrado por la dictadura, dijo que el comunicado de la Procuraduría le llamó la atención por tres puntos: Uno, “es la primera vez que responden oficialmente ante este tipo de exigencias y al prisionero aludido, le suman todavía más nombres”; dos, “no lo hace directamente la dictadura, sino que lo ordenó a una instancia esclava”; y tres; “no lleva firmas”.