Tras 38 días de silencio por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, autoridades de la dictadura sandinista notificaron este lunes a los familiares del opositor nicaragüense Mauricio Alonso Petri para confirmarles su muerte y ordenarles que recojan su cadáver en el Instituto de Medicina Legal.
Mauricio Alonso Petri fue capturado junto a su esposa y su hijo el 18 de julio pasado, cuando faltaban horas para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo celebrara el aniversario de la revolución sandinista, en un operativo policial en Jinotepe, Carazo.
El opositor, de 64 años, fue sacado de madrugada por agentes encapuchados. Ese día, decenas de opositores fueron detenidos en redadas simultáneas en Carazo, Masaya, Granada y Rivas.
Organismos de derechos humanos reportaron que al menos 28 personas quedaron en condición de desaparición forzada. La esposa de Petri fue liberada el mismo día, pero él y su hijo nunca regresaron a casa.
Durante más de un mes, su familia recorrió cárceles, estaciones policiales y hospitales preguntando por su paradero. Ninguna autoridad admitió tenerlo bajo custodia.
La angustia llegó a su fin la mañana de este 25 de agosto, cuando el Instituto de Medicina Legal llamó a los familiares para que reconocieran su cadáver.
El Instituto Segovia, en el exilio político, denunció el hecho en un comunicado, calificando la muerte de Petri como un crimen de lesa humanidad y alertando que el régimen “entregó muerto al opositor secuestrado y preso político”.
Según el texto, durante los 38 días en que permaneció desaparecido, la familia nunca tuvo acceso a verlo con vida ni recibió información oficial de su situación.
Mauricio Alonso Petri había tenido vínculos con el Movimiento Renovador Sandinista en Jinotepe, del que se retiró por razones personales. También mantenía cercanía con el mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado en San José, Costa Rica, el pasado 19 de agosto. Fuentes ligadas a ese caso señalaron que el crimen fue orquestado desde Managua.
Petri padecía problemas cardíacos y estaba retirado de la vida política, pero aun así fue capturado en el operativo junto a su hijo, miembro del grupo de adoración de la iglesia evangélica La Roca, dirigida por el pastor Rudy Palacios, igualmente detenido y desaparecido en la misma jornada.
La versión que las autoridades dieron a la familia es que Petri “se sintió mal” y fue llevado al Instituto de Medicina Legal, donde supuestamente murió. Pero no hubo traslado a hospitales ni atención médica documentada. Organizaciones de derechos humanos han señalado que los detenidos en las redadas de julio fueron trasladados a celdas clandestinas en el Distrito Tres de Managua, con condiciones similares a El Chipote, centro señalado por torturas y tratos crueles.
La familia de Petri ha decidido no dar declaraciones públicas por temor a represalias, especialmente porque su hijo permanece detenido en condición de desaparición forzada.
Según fuentes opositoras, las autoridades pretenden realizar un entierro exprés en Jinotepe, bajo vigilancia policial.
El caso ha causado alarma en Carazo, donde la represión se ha ensañado de forma particular. Opositores de la zona han sido perseguidos incluso en el exilio. Roberto Samcam, originario también de Jinotepe, fue asesinado en Costa Rica. Joao Maldonado, otro opositor de Carazo, ha sobrevivido a dos atentados en territorio costarricense.
El patrón es repetido: capturas masivas, incomunicación prolongada, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.
En los últimos años, varios presos políticos han perdido la vida en las cárceles del régimen. El caso más recordado es el del general en retiro Hugo Torres, quien murió en El Chipote en febrero de 2022 tras 244 días detenido.
Otro fue Eddy Montes, ciudadano nicaragüense-estadounidense que falleció en 2019 en la cárcel La Modelo, tras recibir un disparo de un guardia.
Más recientemente, en diciembre de 2023, murió el opositor José Modesto Solís Aguilar en circunstancias nunca aclaradas. Incluso el general en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente, falleció bajo custodia en un contexto que nunca fue explicado.
La represión en Jinotepe ha sido sistemática desde abril de 2018, cuando las protestas dejaron decenas de muertos en Carazo y el Colegio San José se convirtió en un punto de resistencia.
El Instituto Segovia pidió a la comunidad internacional mantener la atención sobre Nicaragua y denunció que la entrega del cadáver de Petri confirma el uso de desapariciones forzadas como política de Estado.
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