Estados Unidos instó al régimen de Nicaragua a liberar al pastor evangélico y preso político Rudy Palacios

Estados Unidos reclamó este lunes al régimen de Nicaragua, encabezado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación del pastor evangélico Rudy Palacios, sobreviviente de cáncer, detenido junto a integrantes de su familia y considerado preso político por organismos humanitarios internacionales.

“Un pastor predicó por la paz y Murillo-Ortega le robó la libertad a su familia. Pedimos su liberación, para que no se vean obligados a pasar la sagrada festividad de la Navidad tras las rejas”, expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos en un mensaje publicado en la red social X, que también fue compartido por la Embajada de Estados Unidos en Managua.

De acuerdo con esa oficina del Departamento de Estado, las autoridades nicaragüenses detuvieron el 17 de julio al pastor cristiano y a cuatro miembros de su familia, a quienes acusaron de alta traición. La dependencia estadounidense sostuvo que la detención respondió a críticas formuladas por Palacios contra la “brutal represión y violaciones de derechos humanos de la dictadura” en Nicaragua.

La oficina estadounidense advirtió además sobre la situación de salud de los detenidos. “El pastor Rudy y uno de los miembros de su familia encarcelados son ambos sobrevivientes de cáncer que requieren atención médica regular”, señaló en su mensaje, en el que reiteró su demanda para la liberación de todas las personas consideradas presas políticas en el país centroamericano.

Según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 62 opositores y críticos del régimen de Nicaragua permanecen en las cárceles del país. Entre ellos figuran 18 adultos mayores y 28 personas en condición de “desaparición forzada”, de acuerdo con esa organización.

Dentro de ese grupo se encuentra el ex comandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, quien permanece confinado en su domicilio bajo custodia de la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo. También figura el general en retiro y antiguo asesor presidencial Álvaro Baltodano Cantarero, mencionado por organismos de derechos humanos entre los detenidos por motivos políticos.

La lista de privados de libertad incluye además a dirigentes indígenas como Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, quienes forman parte del grupo de adultos mayores. A ellos se suman militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros opositores señalados por el mecanismo independiente.

El pronunciamiento de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental se suma a anteriores condenas del Gobierno de Estados Unidos por el encarcelamiento de disidentes políticos y de guardabosques comunitarios en Nicaragua. La dependencia reiteró en distintas oportunidades su exigencia de liberación para quienes considera detenidos por razones políticas y el cese de prácticas contrarias a los derechos humanos.

El mensaje difundido este lunes se produce casi un mes después de declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, fue tomada por “narcoterroristas”. Esas expresiones se inscribieron en una serie de señalamientos públicos de la actual administración estadounidense contra los regímenes de la región.

En la misma línea, en febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Nicaragua, Cuba y Venezuela como “enemigos de la humanidad”.

Rubio sostuvo entonces que el Gobierno sandinista “se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen”.

Organismos humanitarios y de derechos humanos internacionales mantienen el seguimiento de la situación de las personas detenidas en Nicaragua y continúan reclamando garantías judiciales, acceso a atención médica y la liberación de quienes consideran encarcelados por motivos políticos.

(Con información de EFE)