El gobierno de Río de Janeiro presentó este lunes un plan de recuperación de territorios con el objetivo de restituir zonas urbanas dominadas por grupos armados.
Aproximadamente cuatro millones de habitantes —el 34,9% de la población de la ciudad y el 18,1% de la superficie urbanizada— residen en áreas bajo control de organizaciones criminales.
La implementación del programa depende de la aprobación del Supremo Tribunal Federal, que desde 2020 mantiene restricciones a las operaciones policiales en favelas para resguardar los derechos humanos, exigiendo una respuesta integral por parte de las autoridades.
Un reciente informe de la Universidad Federal Fluminense reveló que el área sometida a control criminal en la ciudad aumentó un 59,4% entre 2007 y 2024. Tanto narcotraficantes como milicianos ejercen dominio principalmente en favelas y barriadas populares donde la presencia estatal es insuficiente.
Esta expansión debilitó la autoridad pública y ha propiciado actividades ilegales, como el cobro de tarifas clandestinas por servicios básicos a los residentes.
La violencia estructural persiste en el área metropolitana de Río de Janeiro, que figura entre las más violentas de Brasil debido a enfrentamientos entre bandas de narcotráfico, milicianos y fuerzas policiales.
Una de las operaciones policiales más graves ocurrió en noviembre pasado en los complejos de favelas de Penha y Alemao, controlados por el Comando Vermelho: 122 personas murieron, incluidos cinco agentes policiales. Se considera el operativo más letal registrado en el gigante sudamericano.
Detalles del plan
El proyecto contempla cinco fases integradas que trascienden la acción policial convencional. El primer eje se enfoca en el restablecimiento sostenido de la seguridad pública, con un mapeo previo de los territorios y presencia policial permanente, previéndose la colaboración de fuerzas federales si fuese necesario.
El desplazamiento de los grupos armados y la recuperación del acceso a la justicia representan los primeros objetivos.
Luego, la estrategia apunta al combate de las finanzas ilegales mediante la fiscalización de servicios como gas, transporte en microbuses, internet y venta de hielo, sobre los cuales las mafias cobran tarifas irregulares a la población local.
Las fases posteriores concentran esfuerzos en el desarrollo social y urbano, a través de campañas de asistencia social, fortalecimiento de la educación, implantación de escuelas de tiempo integral y cursos técnicos, además de emprender obras de saneamiento, iluminación y limpieza, junto con la regularización de la situación de tierras para reforzar el tejido comunitario.
La promoción del desarrollo económico incluye incentivos para microempresas, cooperativas y el turismo comunitario.
Por último, la etapa de gobernanza busca consolidar los avances por medio de mecanismos de control social y una plataforma digital de transparencia.
El programa iniciará con un proyecto piloto en el sudoeste de la ciudad, específicamente en Río das Pedras, Muzema y Gardenia Azul, zonas prioritarias por las disputas entre milicias y facciones del narcotráfico, y su alta vulnerabilidad social y ambiental.
Se calcula que esta intervención podrá beneficiar de manera directa a unas 70.000 personas en la primera etapa y, posteriormente, ampliarse hasta llegar a 1,2 millones de habitantes en fases sucesivas.
Desde el gobierno regional se subrayó que la “reocupación estatal” no se reduce a un incremento de la presencia policial, sino que implica el regreso pleno de servicios públicos y la construcción de condiciones de vida sostenibles para la población local.
La prioridad, según las autoridades, será promover transformaciones necesarias para que la integración entre seguridad y servicios sociales se traduzca en mejoras permanentes en las comunidades afectadas.
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