La Organización de Estados Americanos (OEA) instó este sábado a las Fuerzas Armadas de Honduras a mantener un rol apolítico y no deliberante durante las elecciones generales que se celebrarán el domingo, en un contexto de tensiones políticas y acusaciones de injerencia militar. La misión de observación electoral de la OEA, encabezada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, subrayó la importancia de que los militares respeten el mandato constitucional que les exige neutralidad.
“Respecto a las Fuerzas Armadas, la misión ratifica la necesidad de conservar el rol apolítico y no deliberante que les manda la Constitución en su artículo 272”, afirmó Loizaga en un mensaje difundido por la misión en redes sociales.
El pronunciamiento se produjo después de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, solicitara al Consejo Nacional Electoral (CNE) una copia del acta con los resultados de la fórmula presidencial durante la jornada de votación, una petición inédita. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, calificó esta solicitud como “injerencia”, lo que incrementó la preocupación sobre una posible intervención militar en el proceso electoral.
Las tensiones aumentaron en los días previos a los comicios. Hernández mantuvo disputas públicas con una de las consejeras del CNE y dirigió críticas a periodistas y propietarios de medios, a quienes llamó “sicarios de la verdad”. Estas confrontaciones contribuyeron a un clima de desconfianza y polarización en torno al papel de las Fuerzas Armadas y la transparencia del proceso electoral.
En su mensaje, Loizaga también llamó a la ciudadanía a participar “masiva y pacíficamente” en las elecciones, exhortando a los actores políticos e institucionales a respetar el derecho de los hondureños a elegir y a esperar los resultados oficiales. El jefe de la misión de la OEA pidió “prudencia” a los poderes del Estado, a los responsables de la institucionalidad electoral, a las candidaturas, medios de comunicación, sociedad civil, sector privado y comunidad internacional, para evitar mensajes anticipados que puedan generar incertidumbre sobre el proceso.
La misión de la OEA cuenta con 101 observadores desplegados en los 18 departamentos del país, con el objetivo de monitorear el desarrollo de la jornada electoral.
Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar y elegir al presidente, 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento local y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. Los principales aspirantes a la presidencia, según los sondeos, son Rixi Moncada, del partido Libre (izquierda); Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos de tendencia conservadora. El proceso electoral se desarrolla en un ambiente de acusaciones cruzadas de fraude y sin un claro favorito para ganar en una sola vuelta.
La campaña electoral hondureña trascendió fronteras tras la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump, quien expresó su contundente apoyo al candidato Nasry Asfura: “La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional“.
“Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que su ídolo es Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla“, amplió el presidente norteamericano.
El respaldo fue agradecido por Asfura, quien aseguró: “Estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país”.
El próximo presidente asumirá el liderazgo del país bajo el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, decretado por la presidenta Xiomara Castro, que restringe diversos derechos constitucionales. La comunidad internacional observa con atención el desenlace de este proceso electoral, marcado por la vigilancia y la expectativa.
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