La agroindustria presiona al gobierno de Bolivia para la aprobación de leyes que validen transgénicos y levanten cupo a las exportaciones

En medio de la crisis económica que enfrenta Bolivia y tras la posesión del nuevo Gobierno, representantes de los sectores agroindustriales del país insisten en la aprobación de normas para mejorar las condiciones del rubro y “fortalecer el desarrollo productivo”.

Las propuestas, en las que se incluyen tres proyectos de ley y cuatro decretos, tienen que ver con la conversión de pequeñas a medianas propiedades agrícolas, la liberación de las exportaciones, la aprobación de semillas transgénicas y más beneficios tributarios, entre otros puntos.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, instó a que la aprobación de las normas sea “lo antes posible” y señaló que tiene prevista una reunión con el equipo del presidente Rodrigo Paz, cuyo gabinete integran dos antiguos representantes del lobby empresarial y agroindustrial de Santa Cruz, la principal región productiva del país.

Esta mañana, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sugirió la inminente aprobación de algunos de los proyectos planteados por el sector agropecuario. En una conferencia de prensa, en la que anunció la eliminación de cuatro impuestos y reformas al Presupuesto General del Estado, Espinoza adelantó que se eliminarán los cupos a las exportaciones. “Es una medida que tenemos descontada y que se va a tomar”, afirmó.

El ministro agregó que se está trabajando en diez propuestas legislativas y que hay “una serie de procesos administrativos y técnicos que seguir”, pero que en los próximos días se harán anuncios.

En los últimos años, el sector agroindustrial ha intensificado sus gestiones para que el Ejecutivo y el Legislativo aprueben normas alineadas con sus intereses y con su visión de impulso a la producción.

En ese marco, durante la campaña electoral organizaron un foro con candidatos presidenciales —al que no fue invitado Rodrigo Paz, que no aparecía como favorito en las encuestas— para presentar sus demandas. Posteriormente sostuvieron un encuentro con legisladores electos de Santa Cruz en el que suscribieron un ‘pacto por la democracia y la gobernabilidad’ orientado a respaldar su agenda sectorial.

Mientras la agenda agropecuaria parece avanzar en el Ejecutivo, han surgido inquietudes sobre el contenido de los proyectos normativos.

Para la diputada Cecilia Requena, las propuestas de leyes y decretos serían defendibles en la medida en la que respondan al bien común. Sin embargo, considera que hay asuntos vinculados al aumento de la deforestación y el uso de transgénicos que no están claros y que merecen ser discutidos.

“Hay espacio para el debate en las demandas del sector, pero se presentan como demandas que deben ser prácticamente obedecidas y rápidamente, sin debate público”, señaló en diálogo con Infobae.

Si bien considera que no se puede perjudicar el desarrollo de un sector importante para la economía boliviana, ve necesario “encontrar un equilibrio y plantear soluciones realistas” que protejan derechos y cumplan con consideraciones ambientales. “Creo que hay salidas inteligentes a estas cosas y las podemos encontrar en plazos inclusive cortos, se puede hacer. La peor salida es eludir el debate y generar una imposición, no me parece adecuado y no es el mejor camino en términos democráticos”, afirmó.

El analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, considera que la lógica del Gobierno a favor de los intereses agroempresariales está motivada por la necesidad de obtención inmediata de divisas. “Buscan que los sectores traigan divisas, pero eso debería ser parte de la negociación: si les doy seguridad jurídica, dejen de poner la plata afuera, tráiganla acá”.

En Bolivia el sector agroindustrial goza de beneficios que están fuera de la discusión actual, como la subvención del diésel, la exención de los aranceles para la importación de maquinaria agrícola y un régimen tributario irrisorio: pagan entre 0,40 y 19 dólares anuales por hectárea, al tipo de cambio oficial, según la última actualización del Régimen Agropecuario Unificado (RAU).

La agricultura en Bolivia se centra en cultivos como soya, caña de azúcar, sorgo, maíz y papa, con el departamento de Santa Cruz como principal polo productivo. Aunque el sector ha expandido su volumen en los últimos años, enfrenta dificultades crecientes por sequías recurrentes, escasez de diésel subvencionado y variaciones climáticas que afectan el rendimiento.

A estos desafíos se suman los costos ambientales del modelo, entre ellos la deforestación y la presión sobre los ecosistemas, factores que plantean tensiones entre el crecimiento productivo y la sostenibilidad.

“El país está entregando sus tierras y el sector está dinamizando la economía, todo es encomiable pero normalmente en otros países los sectores que tienen una economía dinámica suelen contribuir con impuestos razonables y es un debate que se debería abrir especialmente ahora que hay una necesidad tan grande en Bolivia”, apuntó Requena.

En este escenario marcado por urgencias económicas y expectativas cruzadas, el avance de las propuestas agroindustriales pone a prueba la capacidad del nuevo Gobierno para equilibrar intereses sectoriales con el bienestar colectivo. El desafío será sostener un debate abierto y garantizar que cualquier cambio normativo responda no solo a la coyuntura, sino al interés público en el mediano y largo plazo.