Estados Unidos impuso sanciones a un miembro del consejo presidencial de Haití y lo acusó de apoyar a las pandillas

Estados Unidos anunció restricciones de visa contra Fritz Alphonse Jean, economista haitiano y miembro del consejo presidencial de transición, al que acusa de apoyar a pandillas y estructuras criminales. El gobierno no identificó públicamente al sancionado, pero el propio Jean confirmó a Associated Press que se trataba de él y rechazó las acusaciones. La decisión llega en un momento en que la inseguridad y la incertidumbre institucional en Haití siguen bloqueando el camino hacia unas elecciones que deberían celebrarse antes del 7 de febrero próximo.

Washington sostiene que Jean ha obstaculizado la lucha contra las pandillas, aunque no ofreció detalles adicionales. La acusación se produce mientras los grupos armados mantienen control sobre amplias zonas de Puerto Príncipe y del interior del país. Organizaciones internacionales y autoridades locales han documentado cómo estas estructuras criminales extorsionan negocios, desplazan comunidades, emplean armamento de grado militar y se enfrentan entre sí en la disputa por territorios estratégicos.

Jean, ex gobernador del banco central de Haití, niega las imputaciones y afirma que el consejo presidencial busca precisamente combatir la corrupción y la captura del Estado. Según AP, el economista declaró que él y otros miembros del órgano colegiado recibieron advertencias de diplomáticos estadounidenses y canadienses después de que consideraran la posibilidad de reemplazar al actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé. Las presiones presuntamente se intensificaron a medida que crecían las tensiones internas sobre el rumbo del proceso de transición.

La figura del consejo presidencial es clave en el esquema institucional que se creó tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry el año pasado. Henry abandonó el cargo después de una escalada de ataques de pandillas que paralizaron la capital e hicieron imposible su permanencia en el gobierno. Desde entonces, el consejo ha asumido la conducción política provisional mientras el país intenta organizar elecciones generales, un requisito largamente postergado.

Estados Unidos ha endurecido el tono frente a los actores políticos haitianos en las últimas semanas. El subsecretario de Estado Christopher Landau advirtió el 19 de noviembre sobre “llamados a una guerra abierta contra el gobierno central” y señaló que quienes bloqueen el camino hacia la estabilidad enfrentarán consecuencias, entre ellas la revocación de visas. Las declaraciones reflejan el creciente malestar de Washington ante la falta de avances en la transición y el temor a un colapso institucional mayor.

El mandato del consejo presidencial expira el 7 de febrero. Sin embargo, la violencia ha impedido crear las condiciones mínimas para votar. Haití no celebra elecciones desde hace casi una década y la presidencia permanece vacante desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021. El Consejo Electoral Provisional ha propuesto fechas tentativas en agosto y diciembre del próximo año, pero no existe certeza de que sea posible garantizar la seguridad para entonces.

La crisis de seguridad ha adquirido dimensiones extremas. Según cifras de organismos internacionales, más de 4.300 personas murieron entre enero y septiembre de este año en episodios vinculados a la violencia, incluidos miembros de pandillas y civiles. Los secuestros, asesinatos y ataques armados han provocado nuevos desplazamientos internos y han debilitado aún más la capacidad del Estado para operar.

La misión internacional respaldada por la ONU y liderada por la policía de Kenia ha tenido dificultades para contener la violencia. La operación, concebida para apoyar a las fuerzas locales, enfrenta limitaciones logísticas, resistencia de los grupos armados y un terreno político complejo. Haití espera además una nueva fuerza de supresión de pandillas que cuente con mayor capacidad para detener a sospechosos y recuperar zonas controladas por criminales.

El deterioro de la seguridad también ha golpeado la movilidad y la economía. Sunrise Airways, la única aerolínea que mantenía vuelos nacionales e internacionales, suspendió sus operaciones por razones de seguridad. El aeropuerto internacional de Puerto Príncipe ha cerrado en varias ocasiones desde el año pasado debido a las ofensivas de las pandillas en áreas cercanas a las pistas.

La sanción impuesta a Jean abre un nuevo frente en las ya tensas relaciones entre el consejo de transición y Washington. El señalamiento ocurre cuando Haití afronta simultáneamente el desafío de desarticular a grupos criminales, reconstruir instituciones y limitar la posibilidad de que la crisis política derive en un vacío de poder aún mayor. El margen de maniobra del país se reduce conforme se acercan los plazos políticos y aumenta el riesgo de que la violencia determine, una vez más, el rumbo de la transición.