El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la detención de Alexandre Ramagem, diputado federal y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), después de su condena a 16 años y un mes de prisión por su participación en la trama golpista de 2022 vinculada al expresidente Jair Bolsonaro.
El proceso se aceleró ante las sospechas de que Ramagem abandonó Brasil en el mismo periodo en el que se dictaron los primeros fallos judiciales contra los implicados en el intento de golpe de Estado.
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El magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo Federal, emitió la orden de arresto tras una petición formal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que solicitó medidas ante el riesgo de fuga.
Las investigaciones de la Policía Federal, según informó O Globo, indican que Ramagem salió de Brasil en septiembre, coincidiendo con el enjuiciamiento del primer grupo de acusados, posiblemente por rutas terrestres hacia Venezuela o Guyana, partiendo de Boa Vista (estado de Roraima).
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Imágenes compartidas por el portal Plató BR muestran al ex jefe de inteligencia en un lujoso departamento de Miami, en Estados Unidos.
La condena impuesta a Ramagem es resultado de un fallo de la Primera Sala del STF. Los delitos atribuidos incluyen “organización criminal”, “abolición violenta del Estado de derecho democrático” y “golpe de Estado”.
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La acusación sostiene que, desde la dirección de la Abin, utilizó la estructura de inteligencia para respaldar y difundir mensajes que cuestionaban la legitimidad del sistema electoral, buscando fortalecer los ataques de Jair Bolsonaro contra la validez de las urnas electrónicas.
El fallo judicial también establece una multa equivalente a 50 salarios mínimos diarios y la pérdida de los cargos de diputado federal y delegado de Policía Federal, sanciones confirmadas en la resolución definitiva.
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Además, la Cámara de Diputados brasileña informó que Ramagem no contaba con autorización para salir del país ni para cumplir misiones oficiales en el extranjero. Su única justificación presentada fueron certificados médicos que justificaban ausencias entre septiembre y diciembre de 2022.
El proceso judicial, relacionado con la trama golpista, rechazó los recursos de Ramagem y otros seis condenados, incluidos casos vinculados a Bolsonaro, lo que habilitó la apertura del plazo para la presentación de alegatos adicionales. Según la jurisprudencia vigente, el cumplimiento de la condena podrá ejecutarse cuando los trámites judiciales pendientes finalicen.
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La extradición de Ramagem presenta dificultades legales, ya que el tratado bilateral entre Brasil y Estados Unidos de 1965 no contempla delitos como “golpe de Estado” y “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, tipificados en Brasil a partir de 2021, según expuso el profesor Vladimir Aras en O Globo. Esta limitación complica la entrega del condenado a las autoridades brasileñas.
La orden de captura internacional será registrada mediante una difusión roja de Interpol, restringiendo el desplazamiento de Ramagem al territorio estadounidense.
La defensa de Bolsonaro pide arresto domiciliario por motivos de salud
Los abogados de Jair Bolsonaro presentaron hoy ante el Tribunal Supremo Federal de Brasil un pedido para que el exmandatario pueda cumplir su condena en régimen de arresto domiciliario, alegando motivos humanitarios vinculados a su delicado estado de salud.
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Según informó la agencia Europa Press, la defensa argumentó que el encarcelamiento en la Penitenciaría de Papuda implicaría un riesgo inmediato para la vida e integridad del expresidente, quien, según el escrito, padece varias patologías originadas tras el atentado sufrido durante la campaña electoral de 2018.
Este recurso se presentó pocas horas antes de que el juez Alexandre de Moraes determine si Bolsonaro debe ingresar en prisión, luego de que la Primera Sala del tribunal rechazara el lunes las solicitudes de aclaración formuladas por la defensa. Esas solicitudes buscaban precisar detalles sobre la sentencia, pero fueron denegadas, manteniéndose la vigencia de la condena.
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Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por organizar una estructura destinada a perpetuarse en el poder, incluyendo delitos de intento de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho y daños agravados. Además de la pena de prisión, la sentencia le impone la inhabilitación política hasta ocho años después de cumplir su condena, lo que extendería su alejamiento de la vida pública hasta el año 2060.
(Con información de Europa Press)
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