El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez y ordenó su inmediata liberación tras considerar que hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que afectaron su derecho al debido proceso y la obligan a ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades.
La ex mandataria, detenida desde marzo de 2021 en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz, podría abandonar el penal este jueves una vez concluyan los trámites judiciales, según confirmaron sus abogados y familiares.
“Creemos que mi madre va a salir mañana (jueves), ahora va a salir el mandamiento de libertad, tienen que notificar todavía al penal. Al fin va a estar libre”, informó Carolina Ribera, hija de la ex presidenta, en declaraciones recogidas por medios locales. Ribera agregó que su madre asistirá a la investidura del presidente electo Rodrigo Paz como “ex presidenta constitucional de Bolivia” una vez recupere sus derechos políticos.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que la revisión de la sentencia atendió una solicitud de la defensa de Áñez, concluyendo que la ex mandataria no podía ser juzgada mediante la vía penal común por los hechos relacionados con la crisis política de 2019, sino que debía someterse a un juicio de responsabilidades previa autorización del Congreso, dado su cargo. “Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años”, detalló Saucedo ante los medios, y subrayó que la decisión debe ser comunicada a un juez de La Paz para ejecutar la excarcelación.
Durante la jornada, las inmediaciones del penal de Miraflores congregaron tanto a familiares de Áñez como a grupos de simpatizantes que manifestaron su apoyo con mensajes y consignas. Varios carteles colocados en los muros exigían su liberación y cuestionaron los procesos seguidos en su contra.
Áñez fue detenida hace casi cinco años, inicialmente acusada de terrorismo, sedición y conspiración, cargos que surgieron a raíz de una denuncia interpuesta por una ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS). En junio de 2022 recibió la condena de diez años de prisión por lo que se denominó el caso ‘golpe de Estado II’, que la señalaba por asumir de forma ilegal la presidencia tras la renuncia de Evo Morales y otros miembros de la cadena de sucesión en noviembre de 2019.
La crisis política de aquel año estuvo marcada por intensas protestas y la posterior dimisión de Morales, quien denunció un “golpe de Estado”. El Gobierno saliente encabezado por Luis Arce también sostuvo esta versión mientras el país enfrentaba jornadas de convulsión. Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las movilizaciones provocó la muerte de 36 personas, principalmente tras la toma de poder de Áñez, en episodios conocidos como las masacres de Sacaba y Senkata.
Además del proceso principal, la ex gobernante enfrenta otras investigaciones relacionadas con las muertes durante las protestas, aunque insistió en que debía responder por estos hechos ante un juicio de responsabilidades. Hace algunos meses, los casos fueron remitidos del fuero ordinario al TSJ, donde se decidirá sobre su continuación.
En el ámbito político, la decisión del TSJ coincidió con el inicio de una nueva legislatura en el Parlamento boliviano, marcado por la presencia de partidos de derecha y centroderecha, incluidos el Partido Demócrata Cristiano de Paz, Libre de Jorge Quiroga y Unidad de Samuel Doria Medina. El senador Branko Marinkovic, ex ministro de Áñez y miembro de Libre, calificó la liberación como “el fin de una etapa de abuso”.
Mientras tanto, representantes de organizaciones de víctimas de la crisis de 2019, como David Inca, anunciaron la intención de solicitar formalmente al Congreso la apertura de un juicio político contra Áñez en el marco de la nueva mayoría parlamentaria.
(Con información de AFP y EFE)
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