El juez ecuatoriano Marcos Mendoza fue asesinado la mañana del jueves en la localidad de Montecristi, provincia de Manabí, una de las zonas más golpeadas por el avance del crimen organizado y la violencia ligada al narcotráfico en Ecuador. El ataque ocurrió alrededor de las 07:00 hora local (12:00 GMT), cuando un desconocido en motocicleta lo interceptó y le disparó múltiples veces, de acuerdo con información de la Policía Nacional y declaraciones del coronel Giovanni Naranjo.
El magistrado, de 53 años, fue atacado mientras acompañaba a sus hijos a la escuela. Según el jefe policial, “el magistrado fue interceptado por una persona en una motocicleta, quien le propina disparos”. Las primeras investigaciones señalan a la banda Los Lobos como presunta responsable del crimen, una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico que imponen el terror en la región, de acuerdo con Naranjo. Además, la Policía confirmó que Mendoza “no tenía seguridad porque nunca se solicitó a la Policía Nacional”.
La televisión Teleamazonas indicó que la trayectoria profesional de Mendoza había sido blanco de cuestionamientos en investigaciones recientes, entre ellas el caso denominado “Blanqueo Fito”, vinculado al ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, quien fue extraditado a Estados Unidos este año por cargos de narcotráfico. En ese contexto, en junio, Mendoza fue suspendido durante un mes tras intentar comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, según informó el Consejo de la Judicatura sin entregar mayores detalles.
El propio Reimberg había mencionado públicamente una llamada de advertencia recibida por parte del juez Mendoza el pasado 8 de junio, donde el magistrado dijo: “Señor juez Marcos Mendoza, de Manabí, no me busquen, no traten de llegar a mí a través de terceros; no me esté ubicando, yo sé por qué lo está haciendo, y no hay nada de qué hablar”, según declaraciones recogidas por la prensa.
La Asociación de Magistrados y Jueces de Ecuador expresó mediante un comunicado el “enérgico repudio” al asesinato, destacando que este “hecho estremecedor evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jueces del país”, quienes enfrentan “presiones, amenazas y riesgos por ejercer su deber con independencia y valor”. La organización exigió al Estado ecuatoriano, al Ministerio del Interior y al Consejo de la Judicatura la adopción de medidas urgentes que garanticen la protección efectiva de los operadores de justicia, así como una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales.
Desde 2022, al menos 15 jueces o fiscales han sido asesinados en Ecuador, de acuerdo con datos de la ONG Human Rights Watch. El país atraviesa uno de los periodos más violentos de su historia, con un incremento del 47% en los homicidios durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. En total, se registraron 4.619 homicidios en los primeros seis meses del año, frente a los 3.143 reportados en 2024.
En respuesta a la creciente ola de violencia, el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 un “conflicto armado interno” contra las bandas delictivas, a las que catalogó como “grupos terroristas”. Su política incluye el despliegue de militares y policías, estados de excepción y la promoción de leyes más severas para quienes cometan delitos relacionados con el crimen organizado.
En un hecho separado, Reimberg informó en su cuenta de X que en la localidad de Pasaje, provincia de El Oro, la Policía Nacional detuvo a un menor de edad que presuntamente abandonó una cabeza humana y panfletos con amenazas dirigidas a servidores públicos, fiscales y policías, ilustrando la escala y brutalidad del desafío que enfrenta Ecuador en el actual contexto de violencia estructural.
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