
Uruguay está en alerta desde hace tiempo por el posible ingreso del fentanilo al país, el potente opioide conocido como la droga zombi que causa estragos en Estados Unidos. Su poder es tal que unos pocos miligramos puede intoxicar a muchas personas. En enero, a pocos meses del cambio de autoridades en el país, el gobierno admitió que sería “muy difícil” evitar el ingreso de este sintético.
Ante esta situación, y en un contexto, de un crecimiento del crimen organizado en el país, el diputado Diego Echeverría, representante de Maldonado por el opositor Partido Nacional, presentó una serie de proyectos de ley que busca “respuestas concretas” al narcotráfico, según expresó en un comunicado de prensa.
Uno de los hechos que motivó la presentación de estos proyectos fue el atentado contra la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero. La semana pasada, delincuentes ingresaron al patio de su casa, dispararon y dejaron una granada. Para Echeverría, este caso marcó un “punto de inflexión”.

“Es hora de pasar de la indignación a los hechos. Estas son medidas concretas que buscan desarticular a las mafias, aislar a sus líderes y devolver tranquilidad a la ciudadanía”, expresó.
Los ejes de sus proyectos de ley, entre los cuales está el de “combate” al fentanilo, son la inclusión de penas más severas para quienes integran las estructuras criminales y pretende que haya regímenes especiales de reclusión que impida que se siga delinquiendo en la cárcel.
En la exposición de motivos del proyecto de ley –al que accedió Infobae– Echeverría realiza una exposición del daño que causa el opioide. Señala que fue desarrollado en los años 60 del siglo pasado para tratar el dolor intenso y que se usa como analgésico en las operaciones. Tiene una potencia entre 50 y 100 veces superior a la de la heroína y la morfina, lo que lo convierte en una “herramienta eficaz en el manejo del dolor”.
Pero esa misma potencia es la que lo hace riesgoso por la adicción que genera y por el efecto de la sobredosis. Echeverría señala que el producto suele ser mezclado con productos veterinarios como la xilacina –una combinación conocida como tranq–, que multiplica el efecto letal del fentanilo por 40. Otra combinación se conoce como nitazonos.
“Si bien en Uruguay no se ha detectado la presencia de fentanilo más que en casos aislados, donde se sospecha de la sustracción del uso médico, la potencialidad de la llegada de estas sustancias debe alertar al Estado y prever normativamente su sanción de modo de desalentar su tráfico ilícito”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

Como sucedió hace algunos años con la pasta base de cocaína, en este caso también se sugiere “incrementar la pena” a un mínimo de seis años de penitenciaría por el tráfico de fentanilo, nitazenos y xilacina.
“Hay que tener presente que Uruguay fue durante mucho tiempo país de tránsito de drogas y que por equivocadas políticas antinarcotráfico se transformó en un ‘país de acopio’ al menos desde 2017”, agrega Echeverría en sus argumentos. “Resulta un peligro latente la irrupción de este tipo de drogas sintéticas, por lo cual se recomienda aumentar la sanción punitiva”, expresó.
Otra de las medidas que propuso el legislador son penas más altas para homicidios cometidos en el marco del crimen organizado, como también la adecuación de penas al tráfico de armas. En concreto, propone que se eleve la respuesta penal al contrabando y tráfico de armas, “delitos hoy castigados con sanciones bajas en relación al rédito económico que generan”.
“Estos proyectos constituyen una reforma estructural de la lucha contra el crimen organizado en Uruguay”, señala Echeverría.
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