La defensa de la ex presidenta boliviana Jeanine Áñez informó el jueves que presentará un pedido de absolución de su sentencia a 10 años de cárcel un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazó una primera apelación que buscaba que la exmandataria salga libre tras permanecer en la cárcel más de cuatro años.
Áñez fue condenada en junio de 2022 por haber asumido la presidencia en una cuestionada sesión de Asamblea Nacional durante las letales protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
Las manifestaciones —en las que murieron 37 personas— siguieron a la crisis desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Ya no pediríamos la nulidad. Vamos a abrirnos directamente hacia la absolución de esa condena”, dijo el abogado defensor Luis Guillen a The Associated Press.
Guillen explicó que en un primer recurso se buscó “la nulidad de la sentencia por haber sido dictada por autoridades incompetentes”, pero que el Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso de revisión.
La defensa sostiene que Áñez no debió ser juzgada en una corte ordinaria sino en un proceso político en la Asamblea Nacional por su condición de exmandataria.
En agosto, dos tribunales bolivianos declararon la nulidad de otros dos juicios a Áñez por la muerte de 20 manifestantes durante la crisis de 2019, los cargos más complicados que pesan sobre la expresidenta.
Al mismo tiempo, la justicia boliviana ordenó verificar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de la prisión preventiva impuesta a Áñez y a otros dos líderes opositores, quienes salieron de la cárcel con detención domiciliaria.
La semana pasada, Áñez afirmó que la CIDH y la ONU “no deben desentenderse” de la situación de los derechos de “todos los bolivianos” y que “no puede haber justicia sin debido proceso” en los casos vinculados a la crisis de 2019 en el país.
Áñez se refirió a este tema después de que ambos organismos manifestaron preocupación por decisiones recientes de tribunales en Bolivia que anularon, en la vía penal, dos casos sobre muertes de civiles durante la crisis de 2019, en los que ella figura como principal acusada.
En su perfil de X, la ex gobernante expresó: “La @CIDH y la @ONU_derechos no deben desentenderse de la situación de los derechos humanos de TODOS los bolivianos víctimas del régimen del MAS (el gubernamental Movimiento al Socialismo)“.
Áñez sostuvo también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos no deben “olvidar” que “precisamente el Gobierno es el que ha quebrantado las garantías del debido proceso” y le negó sus derechos desde su detención en marzo de 2021, situación que, según la ex presidenta, representó un “secuestro”.
Afirmó: “No puede haber justicia sin debido proceso; no puede haber justicia sin una investigación imparcial; no puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia; no puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha sometido hasta hace poco al Órgano Judicial”.
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