La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, continuará detenida en una prisión de La Paz, luego de que la Justicia rechazara la solicitud de anulación de la sentencia de diez años que obtuvo en 2022, por un caso relacionado a la forma en la que asumió la Presidencia.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó el recurso presentado por el equipo legal de Añez bajo el argumento de que no se enmendaron las observaciones que le había planteado el magistrado relator, señala la prensa local.
Sin embargo, los jueces de la Suprema apuntaron que la defensa de la ex presidenta “puede volver a presentar un nuevo recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada” argumentando nuevas motivaciones.
Uno de los abogados de la ex presidenta, Luis Guillén, indicó que los motivos presentados estaban abocados a la revisión de competencias del tribunal que la juzgó y que en los próximos días se presentará un nuevo recurso.
Estas acciones legales se enmarcan en un proceso de revisión judicial ordenado por el presidente TSJ, Romer Saucedo, tras las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. Mediante un instructivo se ordenó la revisión de oficio la detención preventiva en varios casos porque los plazos legales estaban excedidos o existían indicios de vulneración de derechos.
Esta determinación permitió que los ex líderes cívicos de oposición Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari sean excarcelados y reciban detención domiciliaria, y que la ex presidenta Añez obtenga beneficios en algunos de los procesos judiciales que enfrenta, reconociéndose además que ciertas causas deben tratarse mediante un juicio de responsabilidades por su condición de ex presidenta.
Este giro en las decisiones judiciales ocurre en vísperas de un nuevo escenario político tras la derrota del oficialismo en las urnas y la constitución de un nuevo poder que será opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) a partir del 8 de noviembre.
La liberación de los líderes opositores y los beneficios otorgados a Añez, que se consideran tres iconos del dominio oficialista, ha reabierto el debate sobre lo ocurrido durante la crisis política de 2019 y avivó los cuestionamientos acerca de la instrumentalización de la justicia con fines políticos, la necesidad de respetar las garantías constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
Diez años por el caso “golpe de Estado II”
La ex presidenta Añez cumple una condena de 10 años de cárcel dictada a mediados de 2022 y ratificada a finales de 2023, por el caso denominado ‘golpe de Estado II’, en el que se la acusa de haberse situado ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado durante la crisis post electoral de 2019.
El ex presidente Evo Morales (2006-2019) y quienes lo seguían la línea de sucesión renunciaron el 10 de noviembre de ese año, en medio de un motín policial y masivas protestas sociales que acusaban al Gobierno de haber cometido fraude electoral. En ese contexto, Añez asumió la presidencia del Senado y luego la del Estado, en sesiones cuestionadas por no cumplir con los reglamentos ni la normativa establecida.
Los aliados de la ex mandataria defienden la toma de poder como legítima debido al vacío de poder que había en el país pero Morales y sus seguidores denuncian que se trató de un “golpe de Estado”, una discusión que aún divide en Bolivia.
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