El Gobierno de Ecuador observa los primeros efectos de la eliminación del subsidio al diésel. La medida elevó el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80. Mientras Carondelet la calificó como un hecho histórico, transportistas y empresarios analizaron sus implicaciones, y sectores sociales e indígenas anunciaron movilizaciones.
La decisión, anunciada el 15 de septiembre por el presidente Daniel Noboa, implica un giro económico que otros gobiernos no lograron implementar. Se destinarán USD 220 millones en bonos a transportistas, pero las protestas en Quito –focalizadas y con una rápida desarticulación por parte de la fuerza pública– y la convocatoria del FUT anticipan un clima político complejo.
Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, afirmó que “este es un hecho histórico que ningún otro Gobierno pudo poner en marcha, no porque no fuera necesario, sino porque faltaron responsabilidad y firmeza”. Aseguró que no hay razón para que suban los pasajes, dado que las compensaciones cubrirán parte de los costos del transporte.
La eliminación del subsidio a los combustibles ha sido un tema recurrente en Ecuador. En 2019, Lenín Moreno enfrentó protestas masivas tras un intento fallido de suprimirlo, y en 2022, Guillermo Lasso retrocedió ante la presión social. Noboa, en cambio, concretó la medida en medio de un discurso de disciplina fiscal y redireccionamiento de recursos hacia sectores productivos y sociales, justificando la urgencia de reducir el gasto estatal.
El anuncio se realizó desde la Gobernación de Cotopaxi, donde se trasladó temporalmente la sede presidencial. En paralelo, el lunes, manifestantes bloquearon la Panamericana Norte en Quito, colocando llantas y escombros en rechazo a la decisión. Militares y policías intervinieron para contener disturbios, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito recomendó rutas alternas para evitar la congestión vehicular.
Edwin Bedoya, presidente del FUT, cuestionó la medida y advirtió que radicalizarán las protestas. “El alza del diésel afecta a los más pobres y no hay compensaciones reales. Noboa prometió en campaña no eliminar este subsidio; nadie debe sorprenderse si mañana quita el gas doméstico”, señaló en rueda de prensa.
“Estamos más fortalecidos que nunca y listos para resistir”, aseguró Alfredo Negrete, dirigente indígena de Cotopaxi, mientras desde Carondelet insistieron en que la disciplina fiscal marcará un nuevo rumbo.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte detalló que los bonos oscilarán entre USD 450 y USD 1.000 mensuales, dependiendo del tipo de vehículo y consumo. Se beneficiarán más de 23.000 transportistas durante ocho meses, con posibilidad de ampliar cuatro meses adicionales. El cálculo se basó en datos del SRI y de la Agencia Nacional de Tránsito.
Mientras empresarios de sectores como el bananero y acuícola respaldaron la eliminación del subsidio y propusieron asumir el alza en fletes, dirigentes indígenas de Cotopaxi calificaron la decisión como “provocación” y anunciaron asambleas permanentes. Movilizaciones simultáneas se registraron en varias provincias, con cierres viales y amenazas de paralizaciones nacionales. Lo que provocó que el martes, 16 de septiembre, el Ejecutivo decretara el Estado de Excepción en provincias afectadas por las protestas con cierres de vía.
El decreto, firmado por el presidente Daniel Noboa –que despacha temporalmente desde Latacunga–, limita el derecho a la libertad de reunión es espacios públicos.
Ecuador sigue la senda de varios países de la región que han retirado subsidios energéticos, como Argentina y Perú, argumentando sostenibilidad fiscal.
El Ejecutivo indicó que los USD 1.100 millones ahorrados se destinarán a salud, educación y programas sociales. Además, el Ministerio de Inclusión Económica y Social implementará el bono Raíces, con USD 1.000 mensuales para más de USD 100.000 pequeños agricultores.
Estudios de organismos multilaterales han advertido que los subsidios a los combustibles benefician de forma regresiva a sectores de mayores ingresos. Según el FMI, su eliminación puede mejorar la eficiencia fiscal, aunque requiere mecanismos compensatorios sólidos para evitar impactos sociales regresivos, especialmente en transporte público y bienes de consumo básico.
Aunque la medida podría estabilizar las cuentas fiscales, también elevar costos de la canasta básica y del transporte interprovincial. Analistas prevén un escenario de negociación constante entre Gobierno y gremios para evitar una paralización prolongada que impacte la economía nacional.
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