Las resoluciones a favor de Camacho, Pumari y Áñez vuelven a poner en la mira la independencia judicial en Bolivia

Apenas cinco días después de la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de Bolivia, la Justicia ordenó revisar la situación judicial de tres iconos del dominio oficialista: la ex presidenta Jeanine Áñez y los líderes opositores Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho, que fueron excarcelados este viernes.

El 22 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, había emitido una instrucción para que los tribunales regionales revisen “de manera inmediata” los plazos procesales que se siguen contra los tres políticos.

Pumari y Camacho, ex líderes cívicos de Potosí y Santa Cruz, cumplían detención preventiva por hechos relacionados con las manifestaciones previas a la renuncia de Evo Morales en 2019. En tanto Añez, además de cumplir una sentencia de diez años por la forma en la que asumió el Gobierno, enfrenta otros juicios y está detenida en una cárcel de La Paz. En los tres casos, la detención preventiva superó el límite de seis meses establecido por ley.

A raíz de la instrucción del TSJ, jueces de La Paz resolvieron la liberación plena de Pumari, la liberación con arresto domiciliario y derecho laboral de Camacho y absolvieron a Áñez de uno de los casos más polémicos que enfrenta, para remitirlo a la Fiscalía General del Estado para que sea tratado mediante juicio de responsabilidades.

Las resoluciones generaron opiniones divididas. Mientras sectores de la oposición los celebran como un acto de reparación institucional, el oficialismo cuestiona la imparcialidad de los fallos. El entorno del ex presidente Morales anunció protestas y el Gobierno de Luis Arce apeló las determinaciones judiciales.

Fuera de generar aprobación o rechazo, el tema volvió a poner sobre la mesa de debate la independencia judicial en Bolivia. El analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, considera que estas resoluciones representan “la materialización del derrumbe político y electoral del MAS” y que simboliza el cambio de inclinación de los poderes fácticos del Estado hacia el nuevo poder constituido en la elección del 17 de agosto, que será de oposición al masismo.

En las elecciones generales, el centrista Rodrigo Paz ganó la votación con el 32% de los votos y disputará el balotaje con el candidato liberal y ex presidente Jorge Quiroga, que obtuvo el 26,7%. El resultado marca el fin de la hegemonía del MAS, que gobernó el país durante casi dos décadas con votaciones históricas y mayorías legislativas.

“Lo que ha hecho la Justicia es darle la espalda al MAS y liberar a tres iconos de la oposición”, sostiene Saavedra y subraya que el Poder Judicial ha estado siempre subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo. “La reflexión es que urge una reforma de la Justicia para que deje de ser el látigo con el que se castiga al opositor”, señaló.

Para la politóloga, Natalia Aparicio, el actuar de los magistrados del TSJ “ha sido pragmático en favor principalmente de ellos”. La analista sostiene que, al ver que la Asamblea Legislativa y el Gobierno estarán bajo control de la oposición, buscan evitar que les inicien juicios por no haber seguido el debido proceso con los opositores.

Sin embargo, Martín Camacho, abogado de Camacho, niega estas observaciones y afirma que los fallos responden “a la lógica y al ordenamiento jurídico” porque la detención de su defendido superó con 26 meses el límite legal. “No creo que sea ponerse a favor de ningún gobierno ni de ningún poder, sino ponerse del lado que corresponde en derecho”, afirmó.

Para el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, el viraje en las decisiones judiciales no son algo “ajeno a la historia boliviana” y cita como ejemplo que en la última gestión de Morales, el Tribunal Constitucional habilitó su repostulación y luego algunos de esos magistrados obtuvieron favores, como su asignación en embajadas. De igual forma, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, el entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, mostró un giro en sus decisiones y empezó a abrir causas contra algunas figuras que consideraba parte del MAS.

Si bien Rodriguez destacó que se atienda la situación de los detenidos preventivos -que según un informe de la Defensoría del Pueblo representan el 58% de la población carcelaria-, la decisión del TSJ puede asimilarse como “un giro de favor político” sobrevenido con el resultado electoral. Rodríguez Veltzé considera que hay algunos desajustes de competencias en la instrucción del Supremo y afirma que la situación de los reclusos sin sentencia se debe resolver de manera estructural.

En medio de una alta desaprobación y falta de confianza en el sistema judicial, el también ex presidente interino de Bolivia resaltó que quien resulte elegido en el balotaje del 19 de octubre tiene una oportunidad histórica en las manos: asumir el desafío de reformar la justicia de manera estructural y con un sentido de política de Estado, no de gobierno ni partidos. “No necesitan grandes recursos, solo su voluntad política”.