El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de los opositores Añez, Camacho y Pumari

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó la revisión de los plazos legales de detención preventiva de la ex presidenta Jeanine Añez y los ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

Mediante un instructivo, el tribunal dispuso el viernes que las cortes regionales verifiquen “de manera inmediata” si las detenciones de estas tres figuras opositoras respetan lo establecido en la normativa boliviana. La decisión se fundamenta en la Ley del Órgano Judicial, la Constitución y los tratados internacionales que garantizan el derecho al debido proceso y a un juicio justo.

La medida puede abrir la posibilidad de que los detenidos recuperen su libertad, en caso de comprobarse que los plazos han sido excedidos. El TSJ aclaró que la disposición no supone una injerencia en la labor de los jueces, sino un ejercicio de independencia judicial para garantizar los derechos de los procesados.

Los detenidos son tres de los principales referentes de oposición al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). De confirmarse un exceso en las detenciones y su liberación, el oficialismo podría enfrentar un revés político y un reacomodo en la correlación de fuerzas en la recta final del mandato de Luis Arce, que concluye el próximo 8 de noviembre.

“No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos”, señaló la ex presidenta en sus redes sociales tras conocer la disposición judicial.

En tanto la administración de Arce, a través del ministro del Gobierno (Interior), Roberto Ríos, afirmó que respetarán las decisiones de la justicia y dijo que “saludan” la instrucción emitida en favor de los detenidos. La disposición surge en un momento en que la independencia judicial ha sido reiteradamente puesta en entredicho.

La expresidenta Áñez y los ex líderes cívicos fueron figuras relevantes en la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del ex mandatario Evo Morales, y actualmente enfrentan procesos judiciales que los mantienen en prisión preventiva por hechos relacionados con la caída del Gobierno.

Camacho y Pumari lideraron las protestas sociales en Santa Cruz y Potosí, que luego se extendieron en todo el país en reclamo de la anulación de las elecciones de ese año que consideraban fraudulentas. Morales renunció luego de 21 días de manifestaciones, a las que se sumaron un motín policial y la sugerencia de dimisión del Alto Mando Militar.

Añez, que entonces era la segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia interina del Estado en medio de cuestionamientos legales que fueron justificados por el vacío de poder que dejó la renuncia de quienes estaban en línea de sucesión constitucional. Su proclamación como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, ha estado rodeada de controversia política y jurídica, y es el eje central de los procesos judiciales conocidos como “golpe de Estado I” y “golpe de Estado II”, en los que se la acusa de haber tomado el poder de forma irregular.

Añez, detenida en marzo de 2021, cumple una sentencia de 10 años de prisión en el caso “golpe de Estado II” y enfrenta además otros procesos pendientes en la justicia ordinaria.

En tanto los dos ex líderes cívicos permanecen con detención preventiva por el caso “golpe de Estado I”, proceso actualmente paralizado en el Tribunal Constitucional. Pumari fue detenido en diciembre de 2021 y Camacho un año más tarde.

Los tres políticos se convirtieron en símbolos de la narrativa opositora que denuncia persecución política por parte del oficialismo, mientras el gobierno y sectores afines al MAS los señalan como responsables de la crisis institucional que derivó en la salida de Morales.