El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció la existencia de una mafia internacional dedicada al robo y adulteración de combustibles importados, con conexiones en Chile, Argentina y Paraguay.
Según lo expuesto por el mandatario en conferencia de prensa, estas acciones provocaron una pérdida económica estimada en 150 millones de dólares para el país.
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Esta red criminal adulteraba gasolina y diésel importados, principalmente desde los puertos chilenos de Arica e Iquique, lo que generó daños a vehículos de transportistas y una crisis de abastecimiento.
Durante la presentación ante los medios, Paz estuvo acompañado por sus ministros, quienes detallaron que el combustible era sustraído de las cisternas y mezclado con agua y aceite usado antes de ser reintroducido en el país. Esta práctica derivó en el daño de vehículos de transportistas bolivianos y en el reclamo de compensaciones.
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El conflicto salió a la luz tras una huelga de transportistas, que protestaron durante dos días exigiendo indemnizaciones por los daños sufridos en sus vehículos.
Al finalizar la medida, el gobierno se comprometió a acelerar los pagos correspondientes. Tras la denuncia pública, el presidente Paz recalcó que Bolivia buscará recuperar los fondos perdidos como un acto de justicia.
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El mandatario agradeció la colaboración del gobierno chileno en la investigación y anunció la desarticulación de parte de la estructura delictiva mediante un operativo conjunto con autoridades de ese país, sin brindar detalles adicionales sobre la operación.
La investigación incluyó la identificación de familias y grupos responsables, algunos de cuyos integrantes ya se encuentran detenidos, entre ellos el exmandatario Luis Arce y su hijo Marcelo Arce Mosqueira.
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Arce, presidente entre 2020 y 2025, permanece en prisión desde diciembre por un caso de presunta corrupción durante su gestión como ministro en el gobierno de Evo Morales.
En cambio, Marcelo Arce Mosqueira está bajo detención preventiva en una causa por legitimación de ganancias ilícitas, en la que también están implicados otros hijos del exmandatario.
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El gobierno boliviano sostiene que la operación ilegal provocó largas filas para acceder a combustibles y agravó la dependencia de Bolivia respecto a las importaciones de hidrocarburos.
Actualmente, el país importa de sus vecinos el 86% del diésel y más del 50% de la gasolina que consume. A fines de diciembre, el presidente Paz eliminó un subsidio vigente por casi dos décadas, lo que ocasionó un incremento en los precios de los combustibles y alivió una carga fiscal superior a 2.000 millones de dólares anuales.
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La situación que describió Paz con respecto a la mafia, provocó también cambios en la conducción de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El Ejecutivo concretó hoy la salida de Yussef Akly y designó a Claudia Cronenbold como nueva presidenta, en medio de denuncias por la mala calidad del combustible y la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción en la compañía.
(Con información de AP)
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