La Corte Constitucional suspendió artículos clave de tres leyes de Daniel Noboa

La Corte Constitucional del Ecuador suspendió provisionalmente disposiciones clave de tres leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa bajo el carácter de urgencia económica. Las normas —la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia— habían sido aprobadas en la Asamblea Nacional con mayoría oficialista.

La medida cautelar dictada por los Tribunales de Admisión de la Corte ha provocado una dura reacción por parte del Ejecutivo y de la Asamblea, que acusan al máximo órgano de control constitucional de entorpecer la lucha contra el crimen y dejar al país sin respaldo legal en medio del conflicto interno armado, un estado que la Corte Constitucional ha rechazado pues en Ecuador no se cumplen los requisitos para un conflicto armado no internacional.

Las suspensiones afectan artículos sustanciales de las leyes señaladas. En el caso 86-25-IN, se aceptaron medidas cautelares respecto de 12 artículos de la Ley de Inteligencia —incluidos aquellos que facultaban al Estado a recabar información sin autorización judicial— así como de 10 artículos y una disposición general del Reglamento respectivo. En el caso 60-25-IN, se suspendió una disposición transitoria de la Ley de Integridad Pública. Y en el caso 57-25-IN, se suspendieron cuatro artículos de la Ley de Solidaridad Nacional. Según la Corte, estas decisiones se adoptan para garantizar la supremacía constitucional mientras se analiza la admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos y no constituyen un pronunciamiento definitivo.

En cadena nacional, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, cuestionó abiertamente el pronunciamiento de la Corte y sostuvo que “admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa”. En tono confrontativo, afirmó que mientras los jueces “se liberan en sus despachos”, el país queda expuesto y sin respaldo legal para enfrentar la violencia criminal. “La Corte Constitucional le debe una explicación al país, una explicación con cara, con fundamentos”, expresó .

Rovira fue acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien en un mensaje conjunto con el Ejecutivo también rechazó las decisiones del órgano constitucional. La ofensiva institucional ocurrió en compañía de militares y policías armados en un mensaje a la nación. Esto en paralelo a una creciente campaña en redes sociales que cuestiona la legitimidad de la Corte y que ya había sido identificada desde días anteriores por medios y observadores políticos.

El expresidente de la Corte Constitucional y exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hernán Salgado, se pronunció sobre este escenario durante una entrevista concedida el 5 de agosto a Ecuavisa. En su intervención, Salgado se refirió al anuncio de control político a los magistrados constitucionales según anunció Noboa como una pregunta para su consulta popular.

Salgado calificó como “una barbaridad” la propuesta de reforma incluida por el Ejecutivo en la sexta pregunta de la consulta popular, que busca someter a los jueces constitucionales a juicio político. Según Salgado, se trata de un retroceso institucional propio del siglo XIX, que pondría en riesgo la independencia judicial. “No se puede a un juez someter a juicio político. Menos al juez constitucional. Eso es antidemocrático, eso es autoritarismo craso”, sostuvo el jurista.

El exmagistrado también defendió la actuación de la Corte frente a las leyes económicas urgentes. Recordó que la suspensión provisional es una medida cautelar válida dentro del proceso constitucional, cuyo propósito es permitir un examen sobre los requisitos formales —como la presencia de urgencia económica y la unidad de materia— sin que ello constituya un juicio sobre el fondo.

Para Salgado, el componente económico está presente en las leyes, aunque sea de forma indirecta, pero criticó la falta de unidad de materia en los textos aprobados. “He visto que las tres leyes sí les falta unidad de materia, hay distintas cuestiones que quieren analizarse y solucionarse”, explicó. En su opinión, el Ejecutivo debió presentar leyes separadas en lugar de agrupar múltiples temas en un solo cuerpo normativo.

Salgado también advirtió sobre la campaña de desprestigio contra la Corte, indicando que responde a una desinformación grave sobre el rol y los límites del órgano. “Parece que hay una desinformación para haber este deseo de que la Corte está actuando mal… Eso también pasa en la justicia en general: muchas veces quedamos decepcionados porque no actuó como esperábamos. Pero la justicia no puede responder a presiones”, indicó. Agregó que las instituciones públicas deben acatar las decisiones de la Corte y procesar sus desacuerdos a través de argumentos jurídicos, no con discursos políticos o ataques mediáticos.

Desde la Corte Constitucional se ha reiterado, en su comunicado oficial del 4 de agosto, que sus actuaciones se enmarcan en criterios técnicos, con el propósito de proteger derechos fundamentales y garantizar el cumplimiento de la Constitución. La suspensión de los artículos mencionados tendrá efecto hasta que el Pleno se pronuncie sobre el fondo de las demandas, en un proceso que puede tomar semanas o meses.