La deportación de ciudadanos colombianos recluidos en cárceles ecuatorianas, que ha provocado un nuevo episodio de fricción diplomática entre ambos países, ha sido justificada por el gobierno ecuatoriano como una medida de eficiencia presupuestaria. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó –en entrevista con Ecuavisa– que la salida de estos presos representará un ahorro aproximado de USD 4 millones anuales para el Estado ecuatoriano.
El funcionario defendió la medida como parte de una política racional orientada a descongestionar el sistema penitenciario, que atraviesa una crisis estructural desde hace varios años. El lunes, el presidente Daniel Noboa reiteró que la seguridad nacional no debe seguir soportando el costo económico de personas extranjeras que han infringido la ley ecuatoriana. Además, el mandatario aseguró que esta decisión fue tomada con base en coordinaciones con Colombia, aunque el gobierno de Bogotá haya calificado al gesto como “inamistoso”.
Por otro lado, Reimberg reiteró que los presos fueron deportados bajo procedimientos legales que incluyeron la participación del Ministerio del Interior, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la Policía Nacional, y la Cancillería: “De las audiencias individuales que tenía que tener cada PPL, fue ante un juez. Luego de esto pues, los jueces avocaron el conocimiento, hicieron las resoluciones administrativas de deportación y luego las respectivas boletas de excarcelación. Significa que ellos ya no tienen un proceso con nosotros aquí en el Ecuador y Ellos ya pasaron a Colombia", explicó el ministro a Ecuavisa.
Además, Reimberg dijo al medio ecuatoriano que los presos: “Son personas con procesos menores a cinco años. La gran mayoría ha cumplido gran parte ya de su pena. Hay personas que tienen por robo, receptación, microtráfico, delitos contra la propiedad”.
El secretario de Estado también indicó que: “Al final del día, 1.000 personas no podrán regresar al Ecuador en los próximos 40 años. Si ellos ingresan al Ecuador en los próximos 40 años, van a enfrentar penas”. Esta medida se encuentra amparada en el artículo 61.1 de la Ley de Integridad Territorial, según el cual una persona deportada durante un conflicto armado interno será considerada como objetivo militar si reingresa al país. Algo que fue calificado como una medida “fascista” por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, en una publicación de X que borró.
No obstante, la aplicación de esa disposición ha sido cuestionada, ya que depende de que exista formalmente un conflicto armado no internacional (CANI), una condición que la Corte Constitucional del Ecuador no ha reconocido en el contexto actual, pese a que Carondelet insiste en que sí existe un conflicto armado interno.
Diversos fallos del máximo tribunal constitucional del país han señalado que, pese a la grave crisis de violencia y presencia de grupos armados organizados, no se configuran los elementos necesarios para declarar que Ecuador enfrenta un conflicto armado interno conforme al derecho internacional humanitario. Esto significa que la advertencia legal del artículo 61.1, invocada por el Ejecutivo, carecería de aplicabilidad jurídica en tanto no se verifique esa condición.
Desde Colombia, la respuesta gubernamental incluyó el despliegue de un operativo interinstitucional en el puente internacional de Rumichaca para recibir a los deportados y garantizar una atención digna. Las autoridades colombianas también expresaron malestar por la falta de información completa sobre los antecedentes judiciales de todos los expulsados, así como por el impacto social y administrativo que representa recibir en masa a personas con historial penal y necesidades específicas de reintegración.
Aunque la cifra de ahorro estimada puede parecer modesta en comparación con el presupuesto estatal general, el ministro Reimberg subrayó que toda medida que contribuya a reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del sistema penitenciario es significativa. La iniciativa se inscribe en una serie de acciones del gobierno de Daniel Noboa orientadas a la racionalización del gasto y al fortalecimiento de la seguridad interna.
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