Guatemala inició la actualización de su política forestal para incorporar cambio climático, mitigación, adaptación y la restauración de bosques

Guatemala inició la actualización de su Política Nacional Forestal tras 27 años de vigencia del marco adoptado en 1999, en un intento por adecuar la estrategia pública a desafíos que el documento original no contempla, como el cambio climático, la mitigación, la adaptación y la restauración de los bosques, en un país cuya cobertura forestal cayó al 22,78 % según las mediciones más recientes.

La revisión se presenta además en un escenario de fuerte retroceso del bosque a escala nacional. En la década de 1970, Guatemala tenía entre 65 % y 70 % de cobertura forestal, un nivel muy superior al actual.

El proceso arrancó con un taller de socialización y validación con actores del sector y quedó a cargo de cuatro instituciones: el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Las autoridades de esas entidades coincidieron en que la política vigente quedó desfasada frente al contexto ambiental actual. La meta es convertir la nueva versión en un instrumento estratégico que responda a las necesidades del país y oriente la acción institucional para situar al sector forestal dentro del desarrollo económico, social y ambiental de Guatemala.

La actualización se organizará en cinco fases con 12 instancias de consulta

La revisión de la política forestal se desarrollará en cinco fases y comienza de inmediato con un análisis de la situación actual. El esquema de participación previsto incluye 10 talleres regionales de consulta territorial y dos encuentros nacionales.

Ese diseño busca dar a la nueva política una base participativa y representativa. La construcción del documento se plantea de forma articulada entre MAGA, MARN, INAB y CONAP, con el objetivo de coordinar la respuesta del Estado ante los problemas que afectan a los bosques y a las comunidades que dependen de ellos.

La política forestal vigente es definida por las instituciones como un documento multisectorial y de cobertura nacional. Su función ha sido orientar el manejo sostenible, la conservación y la recuperación de los recursos forestales del país.

Entre sus objetivos centrales figuran el aumento de los beneficios socioeconómicos derivados de los ecosistemas forestales, la incorporación de esos bienes y servicios a la economía nacional, el ordenamiento de las tierras rurales y la protección de biodiversidad, agua y suelos mediante manejo forestal responsable.

Los programas de incentivos sumaron 211.372 hectáreas recuperadas y 583.804 hectáreas protegidas

Aunque las autoridades sostienen que el marco vigente necesita ser revisado, también remarcaron los resultados acumulados entre 1998 y 2025. Según los datos oficiales, los programas de incentivos forestales permitieron recuperar e incorporar a la actividad productiva 211.372 hectáreas.

A la vez, otras 583.804 hectáreas de bosques naturales quedaron bajo protección y restauración. Esos resultados fueron atribuidos a programas como PINFOR y PROBOSQUE, orientados a promover la reforestación y la conservación del bosque natural.

El INAB, creado en 1997, tiene a su cargo la ejecución de la política forestal fuera de las áreas protegidas. Dentro del sistema de áreas protegidas, la rectoría de la administración forestal corresponde a CONAP.

La actualización parte de una pregunta central sobre el papel del bosque en el país: no solo como recurso natural, sino también como base de actividad productiva y de empleo rural. El texto de referencia señala que el sector forestal representa cerca del 2,3 % del Producto Interno Bruto nacional y genera decenas de miles de puestos de trabajo en áreas rurales.

En ese marco, las instituciones plantean que la nueva política debe responder a retos que hoy tienen un peso mayor que hace 27 años. Entre ellos aparecen la restauración del paisaje, la conservación frente a la reducción histórica de la cobertura forestal y la adaptación de las comunidades a los impactos ambientales.

En el lanzamiento del proceso participaron el secretario ejecutivo de CONAP Igor De la Roca, la ministra del MAGA, María Fernanda Rivera y otros funcionarios. La apertura formal de la revisión marcó el inicio de un trabajo que buscará redefinir la política forestal nacional a partir de consultas territoriales y validaciones con actores clave del sector.