Una ONG venezolana exigió la anulación del juicio contra su coordinadora detenida hace 325 días

La organización no gubernamental Súmate reclamó este miércoles a las autoridades venezolanas que “restituyan el Estado de derecho” en el caso de Nélida Sánchez, su coordinadora nacional de Formación, detenida desde hace 325 días, y exigió que se anule el proceso judicial en su contra.

“La Coordinadora Nacional de Formación Ciudadana Electoral de nuestra Asociación Civil @Sumate y defensora de los derechos humanos, Nélida Sánchez, hoy #16Julio tiene 325 días privada de su libertad personal siendo inocente”, instó la ONG en su cuenta oficial de X. “Es víctima de un proceso judicial en el cual se la ha violado el goce y ejercicio a su derecho a la defensa con las debidas garantías”.

Sánchez enfrenta cargos por cinco presuntos delitos: instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, acusaciones que, según la ONG, “no cometió”.

En este contexto, Súmate exigió que “El más alto nivel de la administración de justicia debe restituir el Estado de derecho en el caso de Nélida Sánchez, lo cual le exige proceder a la anulación de todo el proceso en su contra”.

La ONG sostiene que todo el caso se basa en “pruebas falsas presentadas en el acta policial del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)”, lo que constituiría “un falso supuesto” y una violación del “derecho humano y constitucional del debido proceso”.

Súmate también demandó la liberación de su dirigente y de todos los considerados presos políticos en Venezuela. La ONG Foro Penal elevó a 948 la cifra de presos políticos en Venezuela tras registrar ocho nuevas detenciones desde el 30 de junio, según una actualización difundida este martes.

La organización comunicó en su cuenta de X que hasta el 14 de julio, entre los arrestados, hay 852 hombres y 96 mujeres. Dentro del grupo, se encuentran 944 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

La detención de Sánchez ocurrió en medio de la crisis política posterior a las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue reelegido en un proceso calificado de fraudulento por la principal coalición opositora. Ese bloque también denunció un aumento de la “represión” y la “persecución” política por parte de la dictadura.

En septiembre del mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez al considerar que su situación implica “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Mientras su encarcelamiento se prolonga, aumentan los llamados tanto dentro como fuera del país para que se respete el debido proceso y se ponga fin a lo que consideran una persecución política sistemática.

(Con información de EFE)