Estados Unidos formalizó el pedido de extradición de alias Fito y Marco Rubio felicitó a Ecuador por la captura

El gobierno de Estados Unidos formalizó ante la Corte Nacional de Justicia del Ecuador su pedido de extradición para José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los narcotraficantes más peligrosos de América Latina y principal cabecilla del grupo criminal Los Choneros.

El trámite fue confirmado el martes 8 de julio de 2025 por la Corte Nacional, que en un comunicado oficial indicó que la solicitud llegó por vía diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El pedido fue remitido al presidente de la Corte, José Suing Nagua, quien es la autoridad central competente en materia de extradición, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial.

Ese mismo día, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se comunicó con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld para agradecer al gobierno de Daniel Noboa por la captura de Fito y destacar la cooperación bilateral en temas de seguridad y crimen organizado. “El secretario elogió a la administración del presidente Noboa por su exitosa captura del conocido narcotraficante (…) y destacó nuestra asociación para promover la seguridad en todo nuestro hemisferio”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado oficial.

La conversación también fue confirmada por Sommerfeld en su cuenta de X, donde calificó la llamada como “fraterna” y resaltó que revisaron objetivos comunes “a favor del desarrollo, paz y seguridad de nuestros países y la región”.

El avance del proceso de extradición marca un nuevo hito en la cooperación penal entre ambos países. Según la legislación estadounidense, el proceso está regulado por tratados bilaterales y coordinado principalmente por la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA, por sus siglas en inglés), que pertenece al Departamento de Justicia. Esta entidad es la encargada de autorizar, revisar y remitir los pedidos de extradición a través de canales diplomáticos, previa consulta con los fiscales a cargo del caso. Ningún fiscal estadounidense puede contactar directamente a autoridades extranjeras para solicitar una extradición sin autorización de esta oficina.

El procedimiento contempla varias etapas críticas. Primero, la OIA evalúa si los cargos presentados y la evidencia son suficientes, y si los hechos se ajustan a los términos del tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y el país requerido. Posteriormente, se debe armar un expediente con múltiples documentos: la orden de arresto, una declaración jurada con los hechos del caso, las normas legales aplicables, evidencia identificatoria del acusado, y la acusación o sentencia firme, según el caso. Todos estos documentos deben ser certificados y traducidos al idioma del país requerido, en este caso, el español. Solo una vez que este paquete está completo y validado, se remite oficialmente al Departamento de Estado, que lo transmite al gobierno extranjero por la vía diplomática correspondiente.

Consultado por Infobae antes de que se conociera oficialmente el envío del pedido, el Departamento de Justicia indicó que, por política general, no comenta sobre casos de extradición hasta que el acusado esté en territorio estadounidense. Cuando se intentó obtener detalles generales sobre los plazos y criterios aplicados en casos entre Ecuador y EE.UU., la solicitud de un pronunciamiento fue declinada.

El Justice Manual especifica que, en algunos casos, puede solicitarse primero una orden de arresto provisional si existe riesgo de fuga del detenido, pero en otras situaciones se opta por esperar a completar toda la documentación para una solicitud formal, especialmente si la persona se encuentra bajo custodia segura, como ha sido el caso de Macías Villamar desde su recaptura. La legislación estadounidense permite hasta tres meses para presentar esta documentación formal tras una detención provisional, dependiendo del tratado bilateral aplicable.

Una vez que el pedido de extradición es recibido por el país requerido, en este caso Ecuador, el trámite entra en manos del sistema judicial nacional. En Ecuador, la Corte Nacional de Justicia deberá revisar si se cumplen los requisitos legales y formales, y si no hay impedimentos constitucionales o procedimentales. Solo tras esa evaluación judicial podrá aprobarse o negarse la extradición.

La extradición de alias Fito representa uno de los mayores desafíos jurídicos y políticos de los últimos años en la relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. No solo por la peligrosidad del detenido y el poder que su organización criminal mantiene dentro y fuera de las cárceles ecuatorianas, sino porque también está en juego la capacidad del sistema de justicia ecuatoriano para cooperar de forma ágil con sus contrapartes internacionales en casos de alto perfil.

En las próximas semanas se sabrá si el proceso avanza sin contratiempos o si enfrenta recursos legales por parte de la defensa del detenido, quien, según expertos, aún podría apelar o presentar acciones judiciales para impedir su traslado.