Ecuador: 40 funcionarios de la Asamblea Nacional deberán renunciar por ser familiares de legisladores

La controversia en torno a Dominique Serrano, el diputado oficialista más joven del congreso de Ecuador que fue pillado dibujando en una sesión, tomó un giro inesperado luego de que se conocieran vínculos laborales entre miembros de su familia y la Asamblea Nacional. Esto derivó en una serie de cuestionamientos públicos que sacaron a la luz una red de relaciones familiares en el entorno del poder legislativo.

El legislador, de apenas 19 años, fue elegido por la provincia de Pichincha en las elecciones anticipadas de 2023 por el partido Acción Democrática Nacional (ADN). Su figura emergió como símbolo de renovación política, respaldado por el movimiento que llevó a Daniel Noboa a la presidencia.

La madre de Serrano, Lía Molina, trabajó en la Asamblea Nacional como asesora –entre 2023 y mayo de 2025– del legislador Eckner Recalde, también del oficialismo y que fue reelecto para el actual periodo. Asimismo, el hermano del asambleísta Serrano, Jeremy Serrano, también trabaja como servidor legislativo en la Coordinación General Administrativa de la Asamblea Nacional.

Por si fuera poco, la asambleísta alterna de Serrano –quien debe reemplazarlo en caso de ausencia–, Nathaly Recalde, es hija del asambleísta, Eckner Recalde.

Estas vinculaciones han generado sospechas sobre una posible red de vínculos políticos y familiares entre legisladores y funcionarios. El debate público se ha centrado en la ética de estas prácticas dentro de una institución que debería responder a principios de mérito y transparencia. Algunos abogados consideran que estas redes sí constituyen un acto de nepotismo, mientras que otros optan por la figura de gestión de cargos públicos, esta última es causal de destitución.

La reacción institucional llegó desde la Presidencia de la Asamblea Nacional. La noche del 7 de julio de 2025, Niels Olsen, titular del congreso, anunció una serie de medidas orientadas a cortar con lo que denominó una “vieja práctica” en el Legislativo. En un boletín oficial y en redes sociales, Olsen informó que ha solicitado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) una reforma urgente del Reglamento Interno de Talento Humano, específicamente del artículo 7, para prohibir la contratación de familiares de asambleístas y funcionarios públicos en cualquier dependencia de la Asamblea.

“Cuando digo que esta es una Asamblea distinta, no es un eslogan: es un compromiso real”, escribió Olsen. El presidente del Legislativo explicó que, como parte de esta línea de acción, se solicitó la renuncia de 40 funcionarios que mantenían vínculos de parentesco con legisladores o con otros servidores de la institución. Afirmó también que se ha iniciado una revisión integral de los nombramientos heredados de administraciones anteriores y se comprometió a una depuración del personal que no cumpla con los nuevos criterios éticos propuestos.

Además de la reforma al reglamento interno, Olsen anunció que el Código de Ética de la Función Legislativa será modificado y que todos los asambleístas deberán firmarlo y acatarlo como parte de un compromiso institucional obligatorio. La Asamblea también habilitó un canal confidencial para que cualquier ciudadano o servidor pueda denunciar casos de nepotismo, sin temor a represalias.

En el caso de Serrano, ni él ni su despacho se han pronunciado públicamente sobre la situación de sus familiares en la Asamblea. Su bancada, ADN, tampoco ha emitido un comunicado formal. No obstante, la legisladora oficialista Diana Jácome, compañera de Serrano, expresó públicamente que los cuestionamientos hacia el joven legislador constituían una forma de bullying.

Aunque no se ha confirmado si entre los 40 funcionarios cuyas renuncias se solicitaron están los familiares del asambleísta Serrano, el episodio ha reabierto el debate sobre la existencia de redes familiares y de favores dentro de las instituciones públicas. En el pasado, otros casos de vínculos de parentesco entre legisladores y personal contratado en la Asamblea han sido duramente criticados por la opinión pública y por organizaciones de la sociedad civil. Durante el correísmo, Plan V reveló, en 2017, que hubo 46 hermanos trabajando en la Asamblea Nacional.