El Gobierno de Bolivia confirmó este lunes que no hay condiciones para el regreso de la Policía al Trópico de Cochabamba, una región considerada bastión político del exmandatario Evo Morales, hasta que se pueda garantizar la seguridad de los efectivos y sus familias.
La decisión se da en un contexto de creciente tensión y violencia organizada, que desde hace un mes ha puesto en jaque la autoridad del Estado en esa zona del país.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, atribuyó directamente a grupos afines a Morales los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas sufridas por miembros de la Policía y sus familias. “La situación en el Trópico es crítica. No vamos a exponer más vidas hasta que existan condiciones mínimas para restablecer el orden”, declaró el ministro.
El viceministro del Interior, Jhonny Aguilera, fue aún más explícito al señalar que la ausencia policial no responde a una omisión, sino a un escenario de control político del territorio que impide que los órganos de persecución penal y las fuerzas del orden puedan operar con normalidad.
“Lo que se está buscando es proteger actividades ilícitas que se desarrollan sin ninguna fiscalización”, afirmó Aguilera en declaraciones a Bolivia TV. Denunció que los grupos movilizados en la región buscan mantener una autonomía de facto frente a cualquier intervención estatal, al considerar que estas representan una amenaza directa a su poder local.
La Policía se vio obligada a abandonar la región hace aproximadamente un mes, luego de una serie de protestas violentas protagonizadas por simpatizantes del expresidente, quienes exigen su habilitación para participar en las elecciones programadas para agosto. Los manifestantes bloquearon caminos, atacaron comisarías y realizaron actos de intimidación contra uniformados y civiles.
El epicentro del conflicto es la localidad de Lauca Eñe, donde se encuentra parapetado Morales, quien enfrenta varias órdenes de arresto por un presunto caso de trata de personas. La acusación está relacionada con una relación que habría mantenido cuando era presidente con una adolescente de 16 años, con quien tuvo un hijo. Según las autoridades, la imposibilidad de ejecutar la orden de detención se debe a la falta de condiciones de seguridad en la zona, donde los simpatizantes del exmandatario han levantado una red de protección armada.
En las últimas semanas, al menos cuatro policías murieron en enfrentamientos con grupos locales en diversas localidades de Cochabamba. Los incidentes, calificados por el gobierno como “ataques premeditados”, han generado preocupación sobre la creciente desinstitucionalización en el Trópico y el avance de estructuras paralelas de poder que desafían abiertamente al Estado.
“La situación actual no solo impide el funcionamiento de la justicia, sino que deja en completa indefensión a la población”, advirtió el viceministro Aguilera. Las autoridades consideran que la permanencia de Morales en la región no solo representa un desafío político, sino también una amenaza a la seguridad nacional al permitir la consolidación de espacios donde no rige el Estado de derecho.
La administración del presidente Luis Arce, en cuya gestión se ha acentuado la fractura con Morales, intenta contener una escalada que podría derivar en una confrontación de mayor alcance. Por el momento, sin embargo, el Gobierno reconoce que no hay condiciones para retomar el control territorial en el Trópico sin poner en riesgo vidas humanas.
(Con información de EP y EFE)
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