Más de 2,5 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente USD 250 mil, desaparecieron de las instalaciones de la Policía Judicial en Zamora Chinchipe, una provincia al sur del Ecuador, en la Amazonía. El oro fue incautado por las autoridades a inicios de mayo de 2025. Tras un proceso en el que el propietario logró demostrar su legalidad, la Fiscalía autorizó su devolución. Sin embargo, al momento de retirar el mineral, este ya no se encontraba en el centro de acopio de la Policía.
Según reportó Diario Crónica, el material metálico había sido almacenado en la bodega de la Policía Judicial desde que fue decomisado por presunta actividad ilegal relacionada con la minería. Luego de que se comprobaran los documentos que certificaban su legalidad, la Fiscalía emitió la orden de devolución. Fue en ese punto cuando se descubrió que el oro ya no estaba.
El peso exacto del oro desaparecido es de 2,567 kilogramos. La Fiscalía abrió una investigación para determinar lo ocurrido y, por tratarse de un bien público bajo resguardo estatal. El abogado del dueño del oro, Fernando Gaón, solicitó que la Fiscalía indague un presunto delito de asociación ilícita, pues se investiga como hurto. Según detalló Ecuavisa, “según el abogado, la policía ha indicado que personas ajenas a sus instalaciones treparon el edificio y sustrajeron el material”.
Ninguno de los medios reporta el nombre del fiscal a cargo del caso. Tampoco se conocen detalles sobre la cadena de custodia interna o si existen registros que documenten el ingreso, almacenamiento o salida del oro de las bodegas policiales. Las instituciones involucradas no han emitido comunicados públicos al respecto.
La desaparición ocurrió dentro de un centro oficial de acopio, encargado de conservar evidencias o bienes incautados en procesos judiciales. Es por ello que el hecho ha causado alarma en Zamora Chinchipe, una provincia donde la actividad minera, tanto legal como ilegal, es significativa. Aunque la investigación está en curso, no se han establecido responsables ni se ha anunciado públicamente la apertura de sumarios administrativos dentro de la Policía.
El oro se ha convertido en uno de los principales vehículos para el lavado de activos en América Latina. Según el informe de FACT, su valor elevado, portabilidad y fácil conversión en efectivo hacen que sea altamente atractivo para redes criminales. A diferencia de otros productos ilegales, el oro puede ser comercializado legalmente con una trazabilidad débil o nula, lo que permite que grandes volúmenes de dinero ilícito ingresen al sistema financiero simulando transacciones legales. Esta característica lo vuelve ideal para quienes buscan ocultar el origen de fondos provenientes de delitos como la minería ilegal, el narcotráfico o la corrupción.
En el caso ecuatoriano, el mismo informe destaca que muchas operaciones mineras ilegales terminan conectadas con el sistema formal de exportación a través de intermediarios. Empresas de papel y personas naturales sin experiencia minera han logrado exportar oro en grandes cantidades, en muchos casos sin pagar impuestos y con declaraciones fiscales inusualmente bajas. Según FACT, esta actividad se ve facilitada por brechas en los sistemas de control minero, aduanero y financiero, lo que permite el ingreso de oro ilícito en la cadena legal sin verificación rigurosa de su origen.
Julia Yansura, directora del programa de América Latina y el Caribe de FACT, explicó en entrevista que el lavado de activos a través del oro combina múltiples vulnerabilidades estructurales. En Ecuador, dijo, los sistemas institucionales “no están preparados para hacer frente a esta nueva ola de economías criminales sofisticadas”, y resaltó que, si bien existen regulaciones, la supervisión y la cooperación entre instituciones es débil. Para Yansura, la falta de trazabilidad efectiva en la cadena del oro y la permisividad en los controles genera un entorno fértil para el blanqueo de dinero a gran escala, con consecuencias graves para la economía y la seguridad.
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