En un esfuerzo por enfrentar el reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales, el Gobierno de Ecuador, a través de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior, lideró la primera sesión del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. La reunión, celebrada el 17 de junio de 2025 en Quito, contó con la participación de 16 instituciones del Estado y marcó el inicio de un proceso articulado para proteger a la niñez y adolescencia del país.
Durante el encuentro, presidido por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior John Reimberg, se presentó y aprobó la estrategia que regirá el accionar del comité. Esta instancia tendrá un plazo de 30 días para diseñar y presentar un plan de acción que permita ejecutar de forma coordinada políticas públicas orientadas a impedir que niños y adolescentes sean utilizados por bandas delictivas.
Reimberg, quien también es el titular del comité, afirmó que existe un compromiso interinstitucional sólido para avanzar en esta causa. “Desde los ministerios estamos articulados y comprometidos en trabajar para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Esta instancia ha sido muy importante y de gran apoyo”, declaró el ministro, según consta en un boletín del Ministerio del Interior.
La conformación del comité se dio tras la emisión del Decreto Ejecutivo N.º 21, firmado el 5 de junio de 2025 por el presidente Daniel Noboa, mediante el cual se declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento de menores por parte de bandas y grupos armados organizados. Este decreto facultó la creación del comité como un órgano articulador de políticas públicas y de acciones gubernamentales en la materia.
En la sesión también se designaron a los integrantes del subcomité, quienes trabajarán de manera permanente en la implementación de las acciones previstas. Entre las instituciones que conforman el comité se encuentran los ministerios de Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, Finanzas, Defensa, Mujer y Derechos Humanos, Cultura, Deporte y Relaciones Exteriores. También participan el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, entre otros entes estatales.
El objetivo principal del comité es diseñar mecanismos efectivos de prevención y respuesta ante el fenómeno del reclutamiento de menores, que ha sido señalado por autoridades y organizaciones como una práctica extendida en zonas donde operan grupos criminales. Aunque el boletín del Ministerio del Interior no ofrece cifras específicas ni detalles sobre las regiones más afectadas, sí resalta la preocupación del Estado en garantizar los derechos de la niñez y adolescencia.
El Gobierno ha insistido en que este esfuerzo responde a la necesidad de dar una respuesta estructural al uso sistemático de menores por parte de estructuras delictivas para actividades como transporte de drogas, sicariato, vigilancia y otras acciones penadas por la ley. Si bien el documento no menciona medidas concretas, se anticipa que el plan de acción, que deberá estar listo en un mes, establecerá líneas operativas para las distintas instituciones participantes.
El boletín no detalla si se incluirán mecanismos de seguimiento o evaluación sobre el cumplimiento del plan ni cuáles serán los criterios técnicos que orientarán su formulación. Tampoco se indica si la participación de la sociedad civil, la cooperación internacional o las organizaciones de protección de derechos de la infancia estarán consideradas en este proceso.
El Ejecutivo ha asumido una postura pública de lucha contra el crimen organizado en su dimensión más crítica: la afectación directa a los menores de edad. La articulación institucional y la formulación de un plan nacional específico en esta materia podrían marcar un cambio significativo en la forma en que se aborda esta problemática, aunque como han advertido los expertos se necesita el apoyo no solo estatal sino educativo y comunitario.
Hasta el momento, no se han anunciado medidas paralelas en el ámbito legislativo, ni se ha informado sobre posibles reformas normativas que acompañen la implementación del plan. El desarrollo del mismo en los próximos 30 días permitirá evaluar la profundidad y el alcance de la inciativa.
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